ETA llamó a los gobiernos de España y Francia a reconocer a la comisión de expertos internacionales creada para verificar su alto el fuego, con la que la organización armada independentista vasca prometió colaborar en un comunicado publicado el domingo por el diario vasco Gara.
Este anuncio llega justo después de que la organización radical ilegal vasca Ekin –considerada por la justicia española como la estructura política de ETA– anunciase el sábado su disolución y de que más de 700 presos de la organización armada adhiriesen la semana pasada a un acuerdo que pide el fin definitivo de la violencia.
Calificando la formación del grupo de expertos internacionales de “paso importante en el proceso de resolución” del conflicto vasco, ETA anunció en su comunicado que “adopta el compromiso de colaborar con la Comisión Internacional de Verificación”.
Esta comisión había sido presentada el miércoles en Bilbao (País Vasco, norte) en un acto que contó con la presencia de representantes políticos, sindicales y religiosos de la sociedad vasca.
Cinco expertos en conflictos políticos integran el grupo: el sudafricano Ronnie Kasrils, los británicos Raymond Kendall y Chris Maccabe, el srilanqués Ram Manikkalingam y el general indio Satish Nambiar.
La organización armada independentista vasca criticó el domingo la actitud de los gobiernos de España y Francia, afirmando que “han intentado bloquear la propia creación de la Comisión de Verificación, negándole aval oficial”, y les urgió a aceptar esta instancia.
Considerando que Madrid y París “no han puesto más que obstáculos” a la resolución del conflicto, ETA aseguró que “los estados de España y Francia persisten en la actitud de zancadillera y embarrar la solución” con su “estrategia represiva”.
Tras haber asegurado el 5 de septiembre del año pasado, en un vídeo enviado a la radiotelevisión británica BBC, su “decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”, ETA anunció el 10 de enero “un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional”.
Sin embargo el gobierno socialista español siempre se ha rechazado dicha verificación internacional, asegurando que la comprobación del alto el fuego de ETA sólo puede ser llevada a cabo por la policía.
“En un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de la Seguridad del Estado”, advirtió en enero el entonces ministro de Interior y ahora candidato socialista a la presidencia del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.
ETA, considerada organización terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos, es responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco.
Muy debilitada por los duros golpes policiales, lleva desde agosto de 2009 sin cometer atentados en territorio español.
La coalición de la izquierda independentista vasca Bildu -muy votada en las últimas municipales tras haber sido autorizada in extremis por la justicia española- consideró que el nuevo anuncio de la organización es “otro paso determinante adoptado por ETA en el camino de la resolución definitiva del conflicto” vasco.
Sin embargo, pese a todos estos pasos, ETA no se ha referido nunca hasta ahora a una posible entrega de armas o disolución.
“A estas altura, lo único que vale es que anuncien que lo dejan, su disolución incondicional”, consideró el líder del Partido Popular (PP, derecha) del País Vasco, Antonio Basagoiti, citado por la prensa española.
Por su parte, el responsable de Izquierda Unida (IU, ecologistas-comunistas) Gaspar Llamazares consideró que el nuevo anuncio de ETA “no es un salto cualitativo”. “Primero se espera el cese definitivo e irrevocable (de los atentados) y luego un proceso de entrega de las armas”, consideró, citado por la prensa.
Un hombre sostiene una bandera vasca durante una marcha a favor del traslado a cárceles del País Vasco de los presos de ETA, el 17 de septiembre de 2011 en San Sebastián.
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