Legalidad ante el proceso del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla informa que ante el amparo promovido por Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, el caso derivado del proceso penal 242/2011 es competencia de la autoridad judicial.
La PGJ además recalca que no existe obligación de las autoridades para notificar a un probable responsable de un delito sobre una orden de aprehensión que exista en su contratoda vez que se trataría de una aberración jurídica, por tanto Hernández Quintana no fue notificado al respecto. Sin embargo, previo a la orden de aprehensión sí se le citó para declarar en torno a los hechos que se le imputan, no obstante, al acudir acompañado de sus abogados, se reservó el derecho a declarar.
Al librarse la orden de aprehensión, agentes ministeriales realizaron acciones de búsqueda y ubicación de Hernández Quintana quien no se presentó a su fuente de trabajo hasta que logró el amparo del que ya tomó conocimiento la PGJ.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla se mantendrá atenta al proceso judicial que ahora enfrenta el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.