Prensa Latina. El pleno de la Cámara Mexicana de Diputados exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) que rechace las operaciones realizadas hasta hoy por Estados Unidos al margen de todos los mecanismos de cooperación bilateral.
El reclamo incluye cada uno de los operativos de entrada de armamento por parte de entidades gubernamentales de ese país, además de la presunta participación de la Administración Antidrogas Estadounidense (DEA) en actividades de lavado de dinero provenientes de cárteles mexicanos.
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Verde Ecologista recordaron que el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Brauer, admitió la introducción ilegal de 500 armas de asalto durante el 2006 en la operación Receptor Abierto.
Acción seguida por la de Rápido y Furioso en el 2009, con más de dos mil 500 armas entregadas a los grupos criminales.
El diputado Marcos Carlos Cruz, del PRD, abundó que la dirección de la División Anticrimen del Departamento de Justicia norteamericana admitió que en los últimos cinco años el 70 por ciento de las 94 mil armas recuperadas en México fueron vendidas por armerías estadounidenses.
“Esta actitud del gobierno norteamericano puede considerarse injerencista y desestabilizadora, al incrementar el poder de fuego de
los grupos criminales mexicanos”, reclamó.
Porfirio Muñoz Ledo (PT) dijo que si alguna función tiene la Secretaría de la Defensa Nacional es justamente la defensa territorial y a ella le corresponde detener el ingreso de armas prohibidas.
Aunque el Departamento de Estado norteamericano y la Procuraduría General de la República reafirmaron que las acciones en estos temas son coordinadas y en apego a los convenios bilaterales, no cesan las críticas ni las exigencias de senadores y diputados sobre estos asuntos.
Ambas cámaras del Senado mexicano reclaman a las autoridades mexicanas determinaciones en lo que consideran una injerencia del gobierno norteamericano en los problemas del país.
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