FCH firma Ley de Asociaciones Público-Privadas

El universal/El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto de la Ley de Asociaciones Público y Privadas, que será publicado mañana lunes en el Diario Oficial de Federación, y que de acuerdo con el Primer Mandatario será “clave” para el desarrollo de México y para enfrentar la crisis económica internacional.
Aseguró que su gobierno incrementó el rubro de infraestructura al pasar de 3% del Producto Interno Bruto ( PIB) en 2000 a 5% en la actualidad.
Calderón Hinojosa celebró que el Congreso haya aprobado esta ley a pesar de los “prejuicios” y “mitos” que existían en torno a avanzar en un marco jurídico que permita esquemas conjuntos de inversión del gobierno y la iniciativa privada: “más vale tarde que nunca”, dijo luego de recordar que envió esta iniciativa al Congreso desde 2009.
“Libera una restricción según la cual no puede haber proyecto de infraestructura que no se lo ocurra al gobierno; efectivamente hay muy buenos funcionarios públicos, excelentes diría yo, pero todos tenemos limitaciones; no todo se lo ocurre o no todo lo piensa o no todo lo imagina el servidor público. Si una empresa o un ingeniero, si una comunidad, tiene un proyecto y lo desarrollo, el gobierno puede llevar a cabo este proyecto”, explicó Calderón.
El presidente Calderón resumió con un solo dato la importancia de esta ley. Recordó una obra que, en su calidad de director de Banobras, le tocó supervisar –bajo el esquema de inversión público-privados, conocidos como PPS y antecedente de la nueva ley– la construcción de un hospital de alta especialidad en Guanajuato, que se hizo en la mitad de tiempo que habitualmente se llevan estas obras cuando sólo están en manos del gobierno y, además, con mayor calidad.
La nueva ley, explicó Calderón, dará certeza jurídica en aristas como quién asumirá los riesgos en la construcción de una obra bajo esquema mixto, como por ejemplo el cambio de precios en los insumos; también se liberan varias restricciones, por ejemplo, como que una sola empresa se encargue de todos los proyectos y procesos de licitación de la obra, así se fomenta la adjudicación integral de los proyectos.
“Todo gobierno como todo grupo humano tiene limitaciones propias, de cualquier administración. Y se requiera liberar, además, el enorme potencia del sector privado, insisto, tanto en el diseño, como en la ejecución y operación de grandes proyectos de infraestructura”, comentó.
Comentó que la ley también acabará con otro “cuello de botella” como la obligación de que el gobierno adquiera el terreno, pues una vez que se publique la nueva ley el inversionista privado podrá encargarse de comprar el terreno donde se edificará la obra.
Además, se establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de transparentar en una base de datos digital y pública la lista de los proyectos que se desarrollen bajo un esquema mixto, los montos erogados y pendientes de erogar, el proyecto ejecutivo, así como el avance de la obra.