Para el diputado Márquez que no es un revés notificación de la SCJN

Insiste José Luis Márquez Martínez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, que la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), no es un revés al trabajo legislativo.
Y es que después que algunas organizaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas se inconformaron por la aprobación de un cobro de 80 pesos por cada hoja de una solicitud de información, “Ya recibimos la notificación de parte de la autoridad federal y se encuentran en un proceso de revisión del documento”.
“Ya turnamos esta acción de inconstitucionalidad al departamento jurídico del Congreso para que preparen la respuesta de acuerdo a lo que el Congreso había aprobado…Estamos en la acción de revisión de inconstitucionalidad para poder después revisarla con los compañeros diputados”.
El diputado priísta, rechazó que este hecho sea un revés para el trabajo legislativo realizado por la LVIII legislatura, no obstante, esperarán a que el departamento jurídico les presente las acciones a seguir en este tema.
Descaró que el costo de 80 pesos limite el acceso a la información, porque sólo aplica para las copias certificadas mientras los datos brindados de forma electrónica siguen siendo gratuitos.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República en contra de la Ley de Ingresos 2012 del estado de Puebla, al considerar que viola el artículo sexto constitucional al limitar el acceso a la información pública.
La iniciativa que presentó en diciembre pasado el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que aprobó el Congreso local, señala que sólo se puede entregar información fiscal a través de copias certificadas -las cuales se encarecieron de 75 a 80 pesos por cada hoja- y obliga a identificarse al solicitante, lo que fue cuestionado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El artículo 73 contempla la obligatoriedad de entregar información fiscal sólo a través de copias certificadas, las cuales tienen un costo de 80 pesos cada una, mientras que por cada copia simple el valor es de dos pesos. Por ejemplo, si un documento contiene 100 hojas certificadas, el solicitante pagar cubrir ocho mil pesos.
En lo que se refiere al artículo 76 establece la obligatoriedad de mostrar la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes o en todo caso, la Clave Única del Registro de Población. Dicho requisito quebranta la disposición constitucional que establece que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para el IFAI y la PGR, ambos artículos afectan el acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto de la Constitución como un derecho fundamental y gratuito para las personas.
Al final, el presidente de la Junta de Coordinación Política desmarcó al gobierno de Puebla del acto de inconstitucionalidad, pues señaló que fueron los diputados quienes aprobaron el año pasado la Ley de Ingresos.
Es importante resaltar, que el Congreso y el poder ejecutivo, cuenta con 15 días para realizar dicha respuesta a la SCJN.