Calderón y los límites del poder

José Francisco Gallardo Rodríguez. En días pasados, en Guadalajara, Jalisco, Felipe Calderón fue increpado por Tonatiuh Moreno, quien le recriminó el saldo de muertes que ha dejado en el país la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado:

“¿Cuántos muertos más? ¿Cuándo se acaba la guerra? ¿A dónde vas a ir a vivir cuando tu gobierno termine?” Calderón reviró con una frase que desató el aplauso de los asistentes a la Expo, en donde pronunciaba un discurso sobre Guadalajara como sede de la Ciudad Creativa Digital:

“Seguramente (vendré a vivir) a Guadalajara”, respondió.

Destacó que las muertes registradas en el combate antidrogas no fueron causadas por su gobierno y, que por el contrario, son el resultado de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado:

“Te voy a decir una cosa: las muertes que hay en el país son (provocadas) por las organizaciones criminales, y las organizaciones criminales están reclutando jóvenes como tú y muchos otros para las adicciones, para sus bandas criminales para matar a estos jóvenes”, dijo Calderón y agregó.

“Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados”, advirtió.

Y apuntaba Calderón que en la lucha contra el narcotráfico su gobierno desarrolla estrategias “para que los jóvenes amplíen sus perspectivas de desarrollo”.

Nadie en su sano juicio está en contra de que se combata al injusto, al delincuente, al crimen, pero siempre que la utilización punitiva del Estado se ajuste a los principios de seguridad y certeza jurídica que previene nuestra Constitución, mismos que marcan un límite al poder cuando se trata de afectar la libertad y dignidad de las personas.

Lo abominable, lo que no se debe admitir por una sociedad sana, es que el señor del “empleo” de las fuerzas armadas, use la máxima fuerza del Estado: al Ejército, para dirimir por un lado, aspectos de ilegitimidad de su gobierno y resolver asuntos de seguridad pública, por el otro, ésta es una facultad única y exclusiva asignada constitucionalmente, en el artículo 21, a la autoridad civil del Estado, la cual ha sido suplantada arbitrariamente vía manu militari.

La declaración de “Guerra contra las drogas”, decretada por Calderón al inicio de su gestión, fue una decisión unilateral e inconstitucional que trastoca la división de poderes y varios preceptos que tienen que ver con el manejo de las fuerzas armadas: artículos 13, 29 y 129, entre los más importantes, sin dejar de lado las responsabilidades por inacción que tienen los otros poderes de la Unión.

En ningún país democrático como el que pretendemos, se combate al crimen con las armas que la nación ha destinado para la defensa nacional, para tutelar la soberanía e integridad territorial, la decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles y convertirlo en policía, ha desnaturalizado su función primordial, colapsado el sistema de defensa nacional y sometido a los mandos militares mexicanos a los del Pentágono a través de la Iniciativa Mérida.

Si bien varias de las muertes han sucedido por la actuación entre bandas rivales, que según el gobierno se disputan mercados y territorios para el trasiego y venta de drogas, lo cierto es que la presencia de las fuerzas federales (Ejército y policías) en diferentes lugares del país en la lucha anticrimen han potenciado las violaciones a los derechos humanos que ahora se cuentan por miles. Por otra parte todas estas muertes, definidas como “efectos colaterales” por el gobierno federal, han sido cometidas bajo la jurisdicción y responsabilidad del Estado.

El marco jurídico que ahora busca afanosamente Calderón con la Ley de Seguridad Nacional para justificar el uso faccioso que ha hecho del Ejército fuera del orden institucional está claramente en la Constitución, en el artículo 129: En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Quienes estamos conscientes de las atrocidades que suceden en contra de la sociedad hoy en día, a causa de la declaratoria de guerra de Calderón, no le reclamamos como persona, padre de familia etcétera, tal como lo apuntaba, sino que rinda cuentas como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública federal, comandante supremo de las fuerzas armadas y único responsable de la seguridad pública.