La política del fracaso

Víctor Orozco. Los días 16 y 17 de febrero el presidente de la república visitó Ciudad Juárez e informó que la tasa de homicidios ha bajado 57 por ciento desde que arrancó el programa Todos somos Juárez, hace dos años. Dio cuenta además de los gigantescos decomisos de drogas y armas llevados a cabo por su gobierno, con lo cual asumió que la política de combate al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada es un éxito completo, considerando los triunfos alcanzados en el “epicentro del dolor”, como le llamó Javier Sicila al antiguo Paso del Norte.

Apenas expuso la primera cifra, no faltó quien advirtiera el maquillaje, por cierto, operación aplicada también a los datos sobre el empleo. El señor comparó las cifras de 2011 y se le olvidó 2010, cuando inició el programa instrumentado por el gobierno federal. Y sobre todo no mencionó un hecho fundamental –¡Cómo lo iba a hacer!– que puntualizó Federico Ziga Martínez, representante del sector empresarial ante la Mesa de Seguridad de Todos somos Juárez: la cantidad mensual de homicidios se mantuvo en una constante escalada y alcanzó su pico máximo mientras se combinaba en las calles de la ciudad la presencia del Ejército y la Policía Federal.

Es decir, que la notoria disminución de la violencia en Ciudad Juárez durante los últimos meses, se produjo cuando se fueron los federales, hecho evidente para quienes aquí residimos. Y también es claro que la violencia delictiva se multiplicó en la frontera a partir del año 2008, un poco después de la llegada masiva de cuerpos policiacos y militares. Pueden darse a estos sucesos todas las interpretaciones que se deseen, pero hay una incuestionable: la presencia y la actuación de miles de uniformados con armas de asalto en el combate contra la delincuencia ha resultado un remedio peor que la enfermedad. A pesar de ello, este instrumento ha sido la piedra de toque, el emblema de la política desarrollada por el Ejecutivo federal e impuesta a todos los gobiernos de los estados.

Al mismo tiempo que se verificaba la visita presidencial a Ciudad Juárez, se celebró en la ciudad de México el Foro Internacional: Drogas: Un Balance a un Siglo de su Prohibición, convocado por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia y al cual se asociaron un buen número de instituciones académicas, medios de comunicación y otras agrupaciones. Participaron entre unas cuatro decenas de expertos nacionales y extranjeros, dos expresidentes latinoamericanos César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Las conclusiones del evento, sintetizadas por la convocante fueron:

1. Las drogas son nocivas y su uso debe ser disuadido. La prohibición no ha logrado reducir el consumo por lo que vemos la necesidad de buscar otras alternativas.

2. El Estado debe priorizar la persecución de los crímenes que más afectan a la sociedad, tales como homicidio, secuestro, extorsión, robo, violencia intrafamiliar, violación, pornografía infantil y trata de personas.

3. El tráfico de drogas debe subordinarse a la atención primaria de estos delitos, y debido a su naturaleza consensual y no predatoria, las drogas deben regularse de maneras distintas a su prohibición.

4. El nivel de violencia, destrucción del tejido social y deterioro económico como consecuencia de la persecución de los delitos contra la salud, representan un costo inaceptable para México, más aún ante el fracaso en el logro de los objetivos de reducción del consumo y disponibilidad de drogas ilícitas.

5. Las probadas experiencias de otros países analizadas durante el foro, que enfatizan la visión de salud pública, reduciendo el enfoque punitivo, deben servir de punto de partida para una nueva estrategia anti-drogas.

6. Cada país, en forma soberana, debe decidir la mejor forma de proteger a sus ciudadanos.

7. Las rentas extraordinarias de la venta de drogas pueden ser anuladas mediante esquemas de consumo estrictamente regulados por el Estado. Esto privaría al crimen organizado de su principal fuente de ingresos.

8. MUCD avala la propuesta formulada por el “Programa de Derecho a la Salud” del CIDE y profesores investigadores de la EGAP y la EMYCS relativa a la legalización regulada de la mariguana y la construcción gradual de un régimen regulatorio completo para otras sustancias.

Todas estas conclusiones chocan con la estrategia desplegada por el Ejecutivo federal en el combate contra las drogas y la delincuencia organizada. En cada una de ellas se presenta, explícita o implícitamente, una crítica frontal a la llamada guerra contra el crimen, declarada por Felipe Calderón Hinojosa en los inicios de su sexenio. Y, debe enfatizarse, estas censuras no vienen de opositores al funcionario panista, sino de estudiosos del fenómeno criminal, de políticos centristas e incluso de intelectuales que antes lo apoyaron. Cada uno de ellos y desde su ámbito de conocimiento reveló con datos duros que para nada sirven los decomisos tan publicitados, que tampoco son eficientes las capturas o muertes de miles o decenas de miles de narcotraficantes, que los aumentos en los precios de la droga no disuaden el consumo, que matan varias veces más gente el alcoholismo y el tabaquismo que las drogas ilegales, que el crimen organizado penetra y corrompe a las instituciones estatales, que el país debe, en ejercicio de su soberanía, desarrollar su propia política sin sujetarse a la estadunidense, etcétera.

Ahora bien, no entremos por ahora en el tema de la legalización del comercio y uso de las drogas, cuyo tratamiento ha rehuido sistemáticamente el gobierno de FCH y detengámonos en algunas de las otras conclusiones: ¿Al gobierno no le dicen algo la inseguridad y la zozobra en la que vivimos ahora los mexicanos?

Cincuenta mil homicidios, proliferación de una gama de delitos a cual más atroz, fragmentación social, migraciones, sufrimientos sin cuenta: nada ha detenido esta política ruinosa y manipuladora. Y lo que es peor, tanto el presidente como voceros y candidatos de su partido se atrincheran en lo que es por lo menos una elusión y en términos reales una falacia: que el gobierno federal mantiene una lucha contra el crimen organizado. A todas partes donde se presenta el titular del Ejecutivo enfrenta el mismo clamor. ¿Cuándo termina la guerra? Y siempre la respuesta es la misma: “Algunos quisieran que el gobierno no combatiera a los criminales, pero yo lo haré hasta el final, no como otros que los dejaron operar”. Tal contestación, se parece mucho al método Ollendorf, aquel antiguo sistema diseñado para aprender idiomas, en que las respuestas nada tenían que ver con las preguntas. Nadie le exige que su gobierno se abstenga de perseguir al crimen, el reclamo es que en estos cinco años aquél se ha propagado como nunca en la historia de este país. Y nadie, aun con los recursos mediáticos de que dispone el Ejecutivo, puede tapar el sol con un dedo, a pesar de que a las cifras se les empalmen un afeite tras otro.

¿Por qué permanece sordo el presidente de la república a todos sus críticos? Una razón estriba en que desde sus inicios y con el propósito de ganar aunque fuera una porción de la legitimidad que tanto requería, convirtió a “la lucha contra el crimen” en la columna vertebral de su gobierno y ya no pudo detenerse. Ni siquiera el descalabro electoral de 2009 lo paró. En ese año su partido recibió la primera censura en las urnas cuando los electores condenaron a los candidatos blanquiazules que proclamaban muy orondos (como Josefina Vázquez Mota, la abanderada principal de entonces y de ahora) que iban a la Cámara de Diputados a defender la política de FCH contra la delincuencia.

En los finales del sexenio, nada puede esperarse de este gobierno para revertir la política del fracaso. Ya es muy tarde. Menester es llevar al Palacio Nacional y al Congreso de la Unión a otras fuerzas sociales, que alcen un nuevo proyecto para la nación y desplacen a la obcecación y al “patriotismo de partido”, para colocar en su lugar a la lucidez y al patriotismo genuino, como sinónimo de identidad con los intereses de la colectividad.