Por qué Calderón puede ser enjuiciado

José Martínez M. El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el primer presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por delitos de lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las drogas. En México también el presidente Calderón podría enfrentar un juicio porque al margen del Senado de la República, su gobierno suscribió un acuerdo bilateral que permite a fuerzas federales estadunidenses actuar armados en territorio mexicano, en violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente Miguel de la Madrid se dio la autorización para que la Agencia Antidrogas (DEA) estableciera equipos de intervención en las bases aéreas de reacción inmediata, ubicadas en territorio nacional, cuatro de ellas establecidas en Mérida, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.

Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno del republicano Calvin Coolidge, el presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su mandato desde la Casa Blanca del 2 de agosto de 1923 al 4 de marzo de 1929.

Robert Lansing sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”. (America Magazine Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).

En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo La guerra contra las drogas, la geopolítica y el miedo. En el que se apoya este análisis.

Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el narcotráfico.

Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México, se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del territorio mexicano.

El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas están “tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México”, y agregó: “Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”.

No es necesario adivinar los entuertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Contracolumna ha podido establecer cómo desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica cuando Jorge Castañeda se desempeñaba como canciller.

Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y la Marina, desde agosto de 2010 vienen operando abierta y libremente en territorio mexicano más de dos centenares de agentes estadunidenses de nueve agencias de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona en un edificio ubicado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadunidense.

Dos periodistas de The Washington Post, Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de espionaje del gobierno estadunidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y cómo se extiende hasta México.

El servicio de inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar su eficacia”.

“Los analistas que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidas por los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.

Muchos de esos reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió ubicar la oficina más grande fuera de Estados Unidos, con el mayor número de agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad nacional de la Unión Americana, contando con el apoyo tácito del gobierno del presidente Calderón.

Durante la quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés; y la coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota; el presidente Calderón en la conferencia conjunta con el presidente Barack Obama, se comprometió a cancelar “cualquier posibilidad de modificar las leyes para permitir que agentes de Estados Unidos comisionados en territorio mexicano porten armas”, como pretendía el presidente Obama a partir del incidente en que perdió la vida el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, Jaime Zapata.

Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.

Es innegable que el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para proteger los intereses estadunidenses, asociados a los altos consumos de droga en aquellos parajes y, a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de control de los espacios de tránsito.

Dentro de este esquema, el análisis de algunos asuntos constitucionales y de legalidad resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo sexenio.

Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México sólo controlando al presidente, el jefe de la diplomacia estadunidense advertía también que para mantener un control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

Aunque Calderón sólo estudió una maestría en administración pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fue más fácil controlarlo que lo que suponía Robert Lansing. El hecho es que Calderón terminó enredado en una cadena de equivocaciones y complicidades, sometido su gobierno y el país al yugo estadounidense.

Para empezar, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de la Unión una serie de elementos, como el arraigo domiciliario, un asunto que bien estudiado implica un conjunto de medidas autoritarias y poco propias de un régimen democrático, cuando en realidad son instrumentos característicos de las dictaduras, o del “derecho penal del enemigo”.

Habría que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tergiversado la prohibición categórica y expresa de la Constitución por una jurisprudencia arbitraria al autorizar o validar la salida de las tropas de sus cuarteles para combatir al narco.

El artículo 129 de la Constitución establece que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Es así que la guerra contra el narco tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto de vista legal no existe una guerra declarada.

En el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser trascendentales.

El presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias, pues estamos en el caso de una guerra no declarada por el Congreso de la Unión y fuera de las funciones constitucionales del Ejército, lo que en un futuro no muy lejano podría implicar responsabilidades para los culpables de estos extremos, bien sea por violaciones a los derechos humanos, bien sea por crímenes contra la humanidad o por abusos y excesos de poder.

El artículo 73 constitucional dice: “El Congreso de la Unión tiene facultad: XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo”.

En este caso, la guerra la declaró el Ejecutivo con todas las consecuencias legales a que tenga lugar.

Lo que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a la Constitución son notorias, de suerte tal que para remediar el problema, se incluye la conducta inconstitucional dentro de la Constitución y el poder solucionar su problema de abuso de poder o de violaciones sistemáticas a la Constitución, constitucionalizando los abusos de poder.

Ése fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de las dictaduras o de la Inquisición, el arraigo domiciliario.

En víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que mueven a su gobierno: buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su gobierno.

Buscar mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se hizo en realidad.

Crear la necesidad de mantener el Ejército en las calles a partir de la combinación de las teorías del miedo y del shock.

Habría que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824 dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la soberanía al presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información, pudiera ser que hasta de traición a la patria.

En la guerra contra el narco quedan algunas cuestiones de profundidad: El Poder Judicial no debió ser convocado, pues el mandato que le confiere la Constitución es de imparcialidad para administrar justicia y no el de comparsa del presidente en ninguna cuestión de administración de justicia.

El Congreso de la Unión suplantado en su calidad de representante legal y legítimo del pueblo de México, o al menos eso parece, sin considerar la negativa de los líderes de los principales partidos políticos representados en el Congreso de no asistir a las convocatorias del presidente para no hacerle el juego a la representatividad alternativa.

La posición del presidente Calderón es una posición periodísticamente correcta, sin embargo, la Constitución otorga en su división de poderes la representatividad popular al Congreso de la Unión.

Es evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepte no solamente la guerra contra el narco, sino que la estrategia de mantener al Ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más autoritario es la respuesta correcta, única y aceptable.

El resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.