Maestros demandan a Gordillo

Eduardo Miranda. Vergonzoso, ilegal e inmoral que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) otorgue prórroga a Elba Esther Gordillo Morales, Juan Díaz de la Torre y demás integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para continuar, cuando menos cinco meses más, al frente de este sindicato, sin que hayan cumplido las formalidades estatuarias, estando duramente cuestionados en su gestión y demandados por la representación sindical.

Aunque dicha información no pudo comprobarse el 16 de marzo, por el sigilo con que corrió la noticia, la filtración debe presumirse por buena, si se considera el papel vergonzante de consigna del TFCA en sus resoluciones, que se informó en viernes de puente, en pleno auge del proceso electoral, y en circunstancias de retirada de los maestros en sus protestas contra la evaluación educativa, a cambio de la promesa de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación de tratar el tema en un foro en el Senado y continuar el dialogo.

La decisión de Estado del gobierno de Calderón, pese a sus diferencias con Gordillo Morales y el Partido Nueva Alianza, hay que entenderla en la mira de proteger el proceso electoral de protestas que cuestionen en este momento su política laboral y de empleo antipopulares, que afecten a la candidata oficial Josefina Vázquez Mota en su afán presidencial; y, por otro lado, busca una vez más impedir que las y los maestros democráticos, en ejercicio de sus derechos laborales y de libertad sindical, recuperen su organización, autonomía y dirección sindicales.

Para nadie en México es un secreto la enorme inconformidad y hartazgo que los trabajadores de la educación mantienen respecto de la gestión de 23 años de Gordillo Morales y su grupo al frente del SNTE, al acusarla de innumerables actos de corrupción y de enriquecimiento personal, pero fundamentalmente por su inclinación a traicionar la lucha sindical al concertar acuerdos políticos con el gobierno federal y la SEP lesivos a las bases magisteriales, como en el caso del ISSSTE, la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) y la evaluación obligatoria.

Concretamente, el 15 de mayo de 2008, la “profesora” firmó la ACE y otros acuerdos políticos con la SEP y el gobierno federal, para controlar, valorar y certificar a los profesores de primaria, secundaria y educación preescolar y especial, bajo medidas violatorias de sus derechos laborales, motivo por el cual, los maestros democráticos han demandado la cancelación de la evaluación universal, que les será practicada en la segunda y tercera semana de junio del presente año, y así como su expulsión del SNTE.

Para exigir la salida inmediata de Gordillo y Díaz de la Torre de la dirección nacional del SNTE, su no reconocimiento por el TFCA y demandarles la representación legal y mayoritaria del SNTE, el pasado 9 de marzo, los maestros agrupados en el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND), que preside el profesor Artemio Ortiz Hurtado, con el apoyo de la Unión de Juristas de México, presentaron formal demanda contra ellos, apoyados en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 87 de la OIT y el hecho de que las bases magisteriales los repudian y no cuentan con la mayoría de afiliados.

El viernes 16, en el contexto de masivas protestas de maestros agrupados en el CEND del SNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos disidentes, se informó por el TFCA que la queja, impugnación y demanda contra Gordillo fue radicada en la Secretaría General de Acuerdos con el Expediente 2439/2012, como un conflicto intersindical y que la próxima semana sería acordado, y unas horas después se filtró la noticia de la prórroga para Elba Esther y su grupo, mostrando la falsedad del TFCA.

Los profesores tienen la razón, la fuerza y el derecho de democratizar su sindicato, el SNTE, y luchar por recuperar la seguridad social solidaria, salarios dignos y suficientes e impedir que los evalúen y certifiquen, violando su estabilidad y permanencia en el empleo; pero para lograrlo con éxito deben aprovechar la coyuntura, dejar de lado las diferencias grupales, y establecer una táctica común que se apoye en la movilización, la lucha legal y la lucha política e ideológica, que muestre que el gobierno es el verdadero culpable de la ruina de la educación en México.