Notimex. Almoloya de Juarez. El gobierno municipal de esta localidad interpuso una controversia constitucional contra el gobierno federal y el INEGI, por considerar que debido al Censo de Población y Vivienda dejó de recibir 90 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
En rueda de prensa, el alcalde Efrén Sánchez informó que conforme a los resultados “equivocados” que entregó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tras el censo aplicado en 2011 no podrán desarrollar obra pública en las 80 delegaciones de municipio.
La controversia constitucional fue admitida por la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y a través de ésta se pide que se les restituyan al municipio 93 millones de pesos que les retiró el gobierno federal, debido al bajo conteo de población realizado.
“Este hecho nos está causando que se encuentren detenidas 70 obras en las diferentes delegaciones y colonias del municipio que van desde pavimentaciones, drenaje y sobre todo electrificaciones”, detalló.
El INEGI informó que de los 140 mil habitantes que tiene ese municipio, el 80 por ciento de su población dejó de padecer pobreza.
Por ello, el gobierno federal calificó los niveles de pobreza y designó sólo 30 millones de pesos como parte de los recursos del FISM en este año.
El gobierno municipal solicita por tanto la declaración de invalidez del acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a los dispuesto al último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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