Prensa Latina. Familiares e integrantes de diversas organizaciones sociales y de derechos participan hoy en una marcha contra las desapariciones forzadas en México.
Acciones similares se producirán en Puebla, Tlaxcala, Monterrey, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco.
Según los coordinadores, en el Distrito Federal el recorrido se realiza desde la Secretaría de Gobernación al Zócalo capitalino, y han solicitado a familiares fotos de las víctimas para colocarlas sobre un mapa de la República Mexicana.
“Esto permitirá que los rostros de todos y cada uno de nuestros desaparecidos puedan ser visibilizados y así denunciar y sensibilizar sobre la gravedad que existe en nuestro país sobre este crimen de lesa humanidad”, explica un comunicado de prensa.
La Semana Internacional del Detenido Desaparecido, de 25 al 31 de mayo, ha impulsado un grupo de actividades para darle mayor visibilidad a este fenómeno en el país.
Diputados, especialistas y activistas propusieron ayer conformar un grupo de trabajo encargado de realizar una propuesta de ley general que prevenga, investigue y sancione la desaparición forzada en México.
La diputada Florentina Rosario Morales (del Partido de la Revolución Democrática) expresó que a causa de la guerra en contra del crimen organizado la cifra de personas desaparecidas asciende a más de cinco mil, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al intervenir en el foro Desaparición forzada de personas en México; en busca de una armonización legislativa, efectuado en el Palacio Legislativo, Morales indicó que el tema es una deuda histórica, ya que este tipo de práctica fue utilizada durante los años 70 y 80 como una política de represión del Estado en contra de opositores políticos.
En la actualidad el país viven un clima de inseguridad y violencia generado por los enfrentamientos entre grupos criminales y el combate a este fenómeno como parte de la estrategia del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Durante el presente sexenio han perdido la vida aquí cerca de 60 mil personas, de acuerdo con los defensores de derechos humanos.
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