México: Militares bajo sospecha

Prensa Latina. En menos de 72 horas, tres generales mexicanos han sido arrestados como parte de una investigación por narcotráfico y delincuencia organizada que inició la Procuraduría General de la República (PGR).

El tercero en caer, de acuerdo con un reporte de Foro TV, resultó el general de brigada en retiro desde abril de 2010 Ricardo Escorcia, a quien se relaciona con el caso de la detención de los también generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe.

La acción se realizó con base en una orden de “presentación y localización” que giró un agente del Ministerio Público de la Federación de la PGR.

En la edición del jueves, el periódico El Universal alertó que “más militares están bajo sospecha”.

El 16 de enero de 2010, la página electrónica del diario Por Esto publicó un extenso artículo sobre el cártel de los Beltrán Leyva, en el cual menciona que el 31 de diciembre de 2007, el general Escorcia, “comandante de la 24 Zona Militar, fue abruptamente cambiado de adscripción”.

De acuerdo con Por Esto, la situación ocurrió después que “el día 28 del mismo mes, militares y elementos de la Policía Federal Preventiva permitieron el desembarque de un avión Air King procedente de Sudamérica cargado de cocaína, el cual era seguido por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos).

El 1 de enero de 2008, Escorcia Vargas fue enviado a Mazatlán, Sinaloa, como jefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar, pero un mes después pidió un año sabático y se trasladó a su residencia en Morelos. En abril de 2010 causó baja del servicio activo.

Desde el mediodía de ayer el exoficial rinde declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y en 48 horas se definirá su situación legal. Sin precisar, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este alto militar fue requerido por la PGR desde el 7 de mayo, de manera simultánea con las dos localizaciones y presentaciones de Ángeles y Dawe, por presuntos nexos con el crimen organizado.

De otro lado, elementos de la Policía Judicial Militar trasladaron este jueves hacia el Centro Federal de Investigaciones al general de división en retiro Ángeles Dauahare y al general brigadier (en activo) Dawe, en cumplimiento de una orden judicial de arraigo durante 40 días.

La PGR negó además cualquier sesgo político en el caso de los militares aprehendidos el martes.

Según un comunicado difundido aquí, las diligencias se realizan con respeto pleno a los derechos de presuntos implicados y conforme a los propios elementos contenidos en el expediente, por lo que carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda.

Esa fue la respuesta ante quejas de familiares del general Dauahare acerca de una supuesta violación de sus garantías jurídicas y por permanecer incomunicado y, además, para poner coto a las versiones que circulan en círculos políticos y de analistas en seguridad nacional acerca de que estas detenciones se relacionan con cuestiones de interés político.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró en un comunicado el compromiso de que la sociedad mexicana no tolerará actos contrarios a las leyes.

En ese sentido, subrayó que “cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía”.

Al parecer la caja de Pandora se destapó. Hace unos días, el presidente Felipe Calderón aseguraba que en su gobierno ha tenido que enfrentar sequía, inundaciones, crisis y otros desastres.

Y en broma planteó que solo le faltaba que el volcán Popocatépetl (que ha incrementado su actividad últimamente) entrara en erupción; sin embargo, lo que explota, de momento, es un escándalo entre militares.