Instan a diseñar agenda para erradicar discriminación

Notimex.- A pesar de que México cuenta ahora con instituciones públicas para atender necesidades y derechos de grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes, en el país persisten las prácticas discriminatorias en ámbitos como justicia penal, salud, educación, trabajo y acceso a la información, entre otros.

Por ello, la futura legitimidad de las instituciones mexicanas radica en el reto de “colocar la desigualdad como el tema más importante de la política democrática y, en consecuencia, de la acción legislativa, gubernativa y jurisdiccional” afirma el reporte Sobre la Discriminación en México 2012.

El documento, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), y que se presenta este miércoles, expone que la situación actual obedece a que la discriminación está “enraizada” en las estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas, culturales y hasta estéticas.

En ese marco, urge dimensionar la magnitud de los problemas que genera este fenómeno para poder diseñar políticas públicas incluyentes que erradiquen la exclusión, advierte el texto elaborado en coordinación con la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Reconoce que ahora, como nunca, se han invertido recursos institucionales en contra de la discriminación, aunque falta una dinámica que cohesione las políticas sociales, que evite la fragmentación y propicie un ordenamiento eficiente de prioridades.

La realidad en materia de discriminación en México, agrega, representa desafíos por atender y la necesidad de integrar una agenda por la igualdad de trato, aunque reconoce que de 2002, cuando se elaboró el primer informe integral sobre el tema, a la fecha, hay avances en materia cultural, legal e institucional.

El rubro de justicia penal, indica, es uno de los campos donde con mayor persistencia se excluye y discrimina, y conforme a algunos estudios de opinión se le percibe con desconfianza por lo que la expectativa de cambio se finca en las reformas en materia de derechos humanos y de amparo impulsados por el Legislativo.

Cita que la policía es vista como instancia que abusa del poder, incurre en corrupción y por mapas culturales o prejuicios sociales aprehende a los más vulnerables. Ante ese bajo nivel de aprecio social, muestra poca sensibilidad en el respeto a los derechos de las víctimas y de los investigados en la comisión de delitos.

En los Ministerios Públicos señala vicios que dificultan su funcionamiento como mecanismo de control sobre los abusos de autoridad, como la tendencia a responder a partir de criterios políticos y conducirse con prejuicios y estigmas.

Advierte la imposición de cuotas de averiguaciones previas por parte de las procuradurías para premiar o castigar a esos funcionarios, reduciendo el valor de un buen Ministerio Público al número de personas que conduce ante el juzgador.

Acusa insuficiente voluntad para interpretar los expedientes bajo principios constitucionales y el derecho internacional, optando por la interpretación “legalista” que anula derechos y garantías y cita casos como los de San Salvador Atenco, en el estado de México; de Jacinta y Alberta, en Querétaro; desapariciones forzadas o crímenes sin resolver.

El reporte refiere la situación de vulnerabilidad que enfrentan sectores como el de las mujeres, a quienes los juzgados revictimizan cuando sufren violación o secuestro; les imponen sentencias 25 por ciento más graves que a los varones cuando incurren en delito; o se les culpabiliza por una tragedia.

O el de los jóvenes, por el abuso de que son objeto, y el alto nivel de población de este segmento en las cárceles; los de los homosexuales y los de las lesbianas. El de las personas con discapacidad, donde advierte condiciones mínimas para su existencia cuando son internadas en centros de readaptación.

En materia de derecho civil, aborda los derechos al nombre, los de la familia, la violencia intrafamiliar, los de menores de edad. Cita excesivos formalismos en oficinas de Registro Civil que obligan a correcciones en actas; dificultades para el registro, así como lo inadecuado de considerar la existencia de un solo tipo de familia y roles predeterminados.

En consecuencia, cuando las autoridades o las leyes confunden los hechos tienden a imponer soluciones que lastiman a las partes y critica que instituciones nieguen servicios a parejas formales integradas por personas del mismo sexo, disminuyéndoles sus derechos; o que en la figura de la adopción no haya mecanismos de seguimiento para asegurar el bienestar de los menores de edad.

El reporte aborda también la discriminación y el derecho a la salud, donde reconoce los avances del Estado mexicano para extender los servicios a través del Seguro Popular aunque advierte fragmentación, por lo que pide considerar las transiciones demográfica y epidemiológica para adaptarlos a mediano y largo plazos y atender a la población en condiciones de discapacidad.

En materia de alimentación, refiere discriminación para acceder a este derecho, por la barrera que representa la desigualdad económica, ampliada por las crisis económica y alimentaria mundiales de 2008 y 2009; a lo que se suma una precaria infraestructura que garantice el abasto en comunidades alejadas; así como la concentración de mercados con la participación de pocos agentes económicos.

Expone que en el rubro laboral hay discriminación dado que seis de cada 10 trabajadores se desempeñan en el mercado informal con precariedad en derechos y garantías, con predominancia de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad lésbico gay, adultos mayores y migrantes.

En el apartado sobre derechos políticos, el texto elaborado por Conapred, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y el CIDE reconoce la pluralidad de fuerzas políticas y destaca las reformas que han logrado que la legitimidad del poder público radique en esencia en el resultado obtenido en las urnas.

Aunque señala persistencia de la discriminación para definir quiénes participan en esa conformación de poderes, también reconoce las reformas para el voto de los mexicanos en el extranjero y critica las limitaciones que siguen padeciendo poblaciones indígenas o los extranjeros radicados en México.

El documento incluye un apartado sobre libertad de conciencia y discriminación, donde hace reconocimiento explícito a la reforma constitucional que incluyó el principio de libertad de conciencia, en coincidencia con la creciente diversidad de prácticas y creencias manifestada en el último censo poblacional.

Aborda el acceso a la información como el ejercicio más amplio de las responsabilidades ciudadanas, y la protección de datos personales como un arco que asegura la intimidad y privacidad de las personas. Sin embargo, deplora que persistan prácticas nugatorias cuando se solicita información de carácter público.

Dedica un apartado a la libertad de expresión y medios electrónicos de comunicación, donde asienta la contradicción entre esa libertad de expresión y el principio de no discriminación, donde más que oponer dos libertades el Estado debe ser moderador para que una no conculque a la otra.

Advierte concentración de los medios de comunicación electrónica, falta de pluralidad que genera estereotipos y marcadores sociales y ubica las radios comunitarias y la televisión pública como herramienta para la igualación.

Los últimos apartados del reporte están dedicados a la discriminación en el acceso al crédito –donde acusa una “puerta reducida para gran parte de la población en México”, cuando el acceso puede favorecer otros derechos-, y en la educación, cuando es el derecho social por excelencia y es clave para mejorar las oportunidades de las personas.

El reporte, coordinado por el periodista y analista Ricardo Raphael, con la participación de más de 400 personas de diversas identidades, identifica los contextos donde se generan las mayores prácticas de discriminación y a partir de ello fija prioridades para lograr un cambio hacia la igualdad de trato y de oportunidades en México.