Gerardo Mejía denuncia violación al COIPEEP por parte de la alcalde de Amozoc

Por: Grupo Parlamentario PRI.

El diputado del PRI en Puebla, Gerardo Mejía Ramírez denunció este día las anomalías que la presidenta municipal de Amozoc, Rosa Elva de Ita Marín se encuentra cometiendo en dicho Ayuntamiento, entre ellas, el violentar la ley electoral haciéndose promoción personal en pinta de bardas en todo el municipio, en las que se incluye información de la comuna pero también su nombre y el logotipo del Partido Acción Nacional.

En este sentido, el legislador señaló que es clara la violación a la Constitución Política y al Código Electoral puesto que se estipula que sólo se podrá hacer propaganda gubernamental sin incluir promoción personal -nombres, voz, símbolos- de cualquier servidor público.

Por lo que en breve presentará estas pruebas con el representante ante el IEE, José Alarcón Hernández, para que promueva la queja de la pinta de más de 80 bardas, de tal manera que Gerardo Mejía confía y hace un llamado al Instituto Estatal Electoral para que exhorten a la alcaldesa de Amozoc Rosa Elba de Ita para que no siga violentando la ley.

Asimismo, el Diputado señaló que existen quejas formales por parte de policías municipales a los que la presidenta municipal les cobra los uniformes descontándoles vía nómina hasta tres veces más el monto del mismo; además de que los elementos de seguridad no cuentan con las herramientas necesarias y el colmo de ello es que durante los fines de semana se realiza de 8 a 11 de la noche operativo de alcoholímetro pero sin el aparato que mide los grados de alcohol. Además de quejas por parte de los habitantes puesto que se ha incrementado el número de comercios de bebidas alcohólicas en el tianguis de este municipio.

Por último, Mejía Ramírez expresó que solicitará a la Auditoria Superior del Estado, que informe sobre las obras realizadas por el Ayuntamiento de Amozoc con recurso del ramo 33 que se ejecutó este año, ya que habitantes Concepción Capulac, el Arenal Chachapa y Mateo Mendizabal se quejan que les han cobrados desde un 30 y hasta el 50 por ciento de las obras realizadas en sus localidades, por lo que se estaría incurriendo en delito si estas obras fueron realizadas con recurso del ramo 33 pues tendrían que ser totalmente gratuitas.