Notimex.- La legisladora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, consideró necesario promover la inclusión del tema de derechos humanos en la educación dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que habrá de presentar en su momento el Ejecutivo Federal.
En el marco del foro “La educación en materia de los derechos humanos como herramienta para la paz”, pidió a diversas organizaciones académicas y sociales que presenten cinco propuestas de acciones legislativas urgentes y otra más de mediano y largo plazo, para que el tema sea efectivo dentro de la enseñanza.
“Hoy que está el tema de la educación y la reforma educativa, busquemos la manera de presentar propuesta legislativas que le den marco a la operatividad, porque a veces hacemos leyes pero las políticas públicas se quedan en el cajón”, subrayó.
Consideró que se debe dar “la batalla”, “estoy convencida de que no estamos solos y que las organizaciones sociales y la ciudadanía van tomando cada vez mayor fortaleza y presencia”.
La senadora indicó que su propuesta es comenzar a sensibilizar a cada uno de los 128 senadores sobre la importancia de los derechos humanos, así como a impulsar un trabajo transversal entre las diversas comisiones que existen en el Senado para emprender un trabajo conjunto.
A su vez, el catedrático José Francisco Gallardo Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estableció que actualmente existe una obligación constitucional que brinda toda la sustancia política para, en los hechos, materializar la educación en derechos humanos.
Ello, dijo, no debe ser sólo en la Secretaría de Educación Pública, se requiere emprender programas intersecretariales a partir de una política sustantiva.
Al respecto, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, indicó que en la propuesta de punto de acuerdo para el Senado debe establecerse como una “exigencia roja”, la convocatoria a conformar un programa de cultura de paz y educación en derechos humanos.
Consideró que el legislativo no puede hacer a un lado que las autoridades educativa rindan cuentas en los avances de la educación en derechos humanos, pues “la violencia en la escuela es gravísima, en algunos estados las quejas son más altas que en materia de seguridad”.
En tanto, Gabriela Delgado Ballesteros, catedrática de la UNAM, criticó que el magisterio de Oaxaca y Guerrero anteponen intereses particulares y sindicales sobre el derecho supremo de la infancia a una educación, por lo que se pronunció a favor de implementar modelos educativos que tengan como eje rector los derechos humanos.
En su turno, Mary Carmen Color, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, enfatizó sobre los logros de México en la materia, especialmente en que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
A su vez, Malú Valenzuela Gómez Gallardo, directora del Grupo de Educación Popular en Mujeres, consideró que se debe realizar una revisión del cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en la materia, pues México registra un sinnúmero de recomendaciones por parte de la ONU debido al incumplimiento de los mismos.
Por su parte, Claudia Amaranta Castelán, integrante de la Plataforma de Incidencia por la Educación e Instituto Electoral del Distrito Federal, se refirió a los conflictos magisteriales registrados en Guerrero y Oaxaca.
Resaltó que la dificultad en la generación de consensos para la evaluación del desempeño de los profesores, se debe a que no se incluyó desde un principio la participación de los maestros e incluso de los padres de familia, “la sociedad debe ser involucrada”.
Judith Rodríguez Zúñiga, defensora de los derechos politécnicos del IPN, comentó que se debe de vincular la docencia en derechos humanos con la investigación, además de cambiar el modelo educativo tradicional, autoritario y vertical, por uno integral participación, de tolerancia.
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