TIEMPOS DE CAUSA

El valor de la transparencia y su significado en la época
En la actualidad, la transparencia gubernamental ha pasado a consolidarse como un valor universal indiscutible, pero de la misma forma en que se construye y se aplica en la sociedad, se ha hecho evidente que las dificultades políticas que esto involucra no permiten el avance proporcional de este tipo de leyes.

En nuestro país, generalmente las percepciones juegan un papel importante dentro de las decisiones políticas, por lo que la transparencia sigue estando entre los albures de una falacia. Para el 2003, fecha en que se forma el conocido Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tras haber entrado en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de la Función Pública desempeñaba funciones institucionales de gran similitud (claramente con ciertas diferencias). Es por esto, que me parecen equivocados los señalamientos de que anterior al IFAI, no existía como tal, una figura responsable y reguladora del gasto público.

En su descripción de la transparencia, la Secretaría de la Función Pública nos afirma en su sitio oficial, que ésta junto con la rendición de cuentas “son elementos estratégicos para el combate a la corrupción y, en consecuencia, para consolidar que los procesos del gobierno se realicen de manera honesta”. Por su parte en su objetivo segundo, el IFAI señala que estarán encargados de “promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, así como el ejercicio de los derechos de los gobernados en materia de acceso a la información y protección de datos personales”.

Ante semejante argumentación diplomática, nos encontramos frente a la catapulta de principios morales y éticos, que mediante el bombardeo tecnológico, nos hace llegar todo tipo de información pública, impactando contra las paredes inmensas de fenómenos como la despolitización y el desinterés colectivo en este valioso derecho que es el acceso a la información pública.

Durante los últimos días, se ha suscitado una fuerte polémica en cuanto a la declaración patrimonial de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, puesto que no ha rendido la información necesaria frente a las autoridades. Por si fuera poco, el día martes al grito de “¡transparencia ya!” y “¡no le saquen!”, diputados de oposición le ganaron al PRI por primera vez en lo que va de la presente administración, una votación en la Cámara. Esto se debe a que los diputados consiguieron aprobar un exhorto para que el Presidente Enrique Peña Nieto haga públicos sus bienes y patrimonio.

Dejando de lado el caso del Ejecutivo Federal, es evidente que la Ley sigue sin aplicarse en materia de transparencia. Un dato importante es que de acuerdo al Índice de Integridad y Anticorrupción en el Sector Defensa 2013, “México se ubica en el rango D+ (clasificación negativa) junto con países como India, Israel y Sudáfrica, dadas las capacidades con las que cuenta para controlar los riesgos de corrupción en el sector”. De acuerdo a este documento, la posición se debe a la limitada supervisión legislativa tanto de la política como del gasto en defensa aún cuando existe una comisión de Seguridad Nacional bicameral.

No sólo la transparencia en materia de seguridad es de gran relevancia, hablamos de un fenómeno generalizado en todos los sectores públicos, la falta de rendición de cuentas. Desde el retorno del gobierno priista al Gobierno Federal, se presentaron tres iniciativas al Congreso, que abarcaban la autonomía constitucional al IFAI, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y una propuesta de Comisión Nacional Anticorrupción, que junto con el Pacto por México, lograron pasar al plano de los asuntos urgentes en la agenda legislativa.

¿La efectividad del pacto? La aprehensión de Elba Esther Gordillo, la comparecencia de los consejeros del IFAI, la persecución mediática contra líderes sindicales y cuentas de prominentes políticos. Sin embargo, la problemática se cohíbe frente a los derroches millonarios de instituciones como el IMSS, la Secretaría de Salud, PEMEX, etc. Esta lista interminable de cifras utilizadas en otros rubros o para el desvío de éstos a cuentas particulares.

Tan sólo en el estado de Puebla, sonó durante algunos meses la crisis financiera por la que atravesaba el Sistema Operador de Agua de Puebla (SOAPAP), a la que inclusive la misma firma de Fitch & Ratings clasificó como preocupante durante ese mismo año. ¿Lo preocupante? Que la información sigue flotando en ese maravilloso limbo que se llama IFAI sin que nadie la toque. Hace unos días, pude presenciar el descubrimiento de un caso de corrupción bastante significativo en el estado de Tabasco. Les cuento rápidamente que por algún motivo o razón, en el portal de transparencia se muestra que un área específica del IMSS en Tabasco ( por cierto manejada por un personaje cercano al anterior presidente) adjudicó de manera directa contratos de construcción por más de 2 mil millones de pesos. La cifra es un completo insulto para los ciudadanos, pero más es el hecho de que las autoridades cuenten con la información y no se tomen las medidas correspondientes.

Pasando al ámbito local, en materia de transparencia a nivel de partidos políticos, tenemos que únicamente el PAN cumple con la obligación de presentar la remuneración mensual neta de sus integrantes de manera detallada. Por otro lado, también es cierto que existen algunos detalles que deben de aclarar, pero en cuanto a los otros partidos, básicamente nos quedamos con el peor es nada y el a ver si uno de estos días.

Es ahora o nunca, que estamos sujetos a la obligación de utilizar los recursos correspondientes para acercarnos a lo que hacen nuestros representantes con el dinero público. La información sigue y se mantiene en los portales del IFAI sin que nadie la busque, y es ahí donde nosotros podemos intervenir para exigir el funcionamiento ordenado de las cosas o simplemente dejar que las ideologías políticas continúen con su desfalco inhibido del erario público.

No podemos permitirnos el lujo de que miles de millones de pesos desaparezcan por mandato divino sin que nadie se percate de semejantes acontecimientos. Sea en Baja California Sur o en la misma Quintana Roo, el gasto público tiene que ser transparente y tanto unos como otros, tenemos el derecho constitucional de acceder a la información pública. ¿Y ahora? Pues a buscarla, que sin mayor problema se encontrarán que la forma más fácil de hacer dinero en política, son las adjudicaciones directas de cualquier tipo de construcciones.

Construcciones en que cada en centímetro de obra, se encuentra un peso trabajado de un solo pueblo, un solo país, pero también, un solo destino.

Por: David Noceda/ twitter DavidNoceda1