En caso Royale aún faltan deudas por saldar a dos años de la tragedia

Notimex.- Monterrey. A dos años del ataque al casino Royale, donde murieron 52 personas por causa del incendio, la mayor parte de los 26 delincuentes que de forma intelectual y material participaron han sido consignados penalmente o han muerto, pero siguen deudas por saldar.

Hasta el momento, ningún funcionario público ha recibido sanción penal o administrativa tras el crimen colectivo, ocurrido el 25 de agosto de 2011, a las 03:58 de la tarde, al permitir o tolerar el funcionamiento de un negocio de apuestas que no cumplía con la ley.

A principios de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendación en conjunto para el “gobierno del estado de Nuevo León, a través del secretario general de Gobierno, el procurador general de Justicia del estado, la Dirección de Protección Civil del estado y la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del estado”.

También fue extensiva a “la Presidencia Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Monterrey”.

Dentro de las recomendaciones dadas a conocer, la CEDH exigió “se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y penal para secretario general de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Monterrey, Dirección de Inspección del Trabajo”.

Todo ha quedado en letra muerta y ningún funcionario estatal o municipal de las dependencias señaladas ha recibido sanción alguna.

Como si fuera ayer, Samara Pérez Muñiz recuerda aquel 25 de agosto de 2011, cuando el fuego convirtió en un horno sin salida el centro de apuestas en avenida San Jerónimo, con temperaturas de hasta 600 grados, según cálculos de cuerpos de bomberos y en el que más de medio centenar de civiles no volvieron a ver la luz.

El incendio en el Casino Royale, fue provocado por integrantes de la
delincuencia organizada que rociaron galones de gasolina sobre el interior del inmueble abarrotado a esa hora por cientos de personas, y a quienes amedrentaron con armas de fuego mientras iniciaban el siniestro.

“La verdad es muy doloroso para las familias este 25 de agosto, este segundo aniversario, no hay palabras para explicarles lo que un familiar siente, no hay precio en la vida de un ser humano”, señaló esta mujer que perdió a su hijo Javier Muraira Pérez, de 18 años, en aquel jueves del 2011.

Incluso el que se citen cifras de indemnización “lejos de causar una tranquilidad, genera una molestia generalizada, es una forma de decir: vamos a arreglar el problema, vamos a tirar el polvito debajo de la alfombra y no es así”, aseguró.

Hay casos como el del menor, en situación especial, Alejandro Martínez, cuyo padre murió ese día en el Royale, la entonces primera dama del país, Margarita Zavala de Calderón, prometió, sin cumplir, integrar un fideicomiso de por vida para apoyarlo.

“Tuvimos que gestionar, por parte de las autoridades del gobierno federal, un año únicamente que le cubrieron a la empresa para la atención de este niño, y el gobierno del estado otorga otros ocho años más”, refiere.

“Alejandrito para mí es la víctima más grande que existe del casino, es un ser inocente, totalmente ajeno a esta situación, su padre fallece en este lugar, quien se hacía responsable al 100 por ciento de la manutención y todos los cuidados necesarios en su vida y de repente pierde a su padre”, dijo.

“Su madre lucha para enfrentar esto, requiere alimentación y una cánula, una sonda especial para su alimentación, es una de las víctimas más grande, que no merece esto”, expuso.

“Los zapatos y el dolor que uno lleva es tremendamente difícil, fueron padres, madres, hijos, hermanos, hay una familia que perdió cuatro familiares después de que falleció uno en el casino, madre, padre y hermano, cada quien tiene su manejo de duelo diferente, por eso mismo es que no hay tanta exposición mediática”, manifestó.

“Ellos lo necesitan y su servidora ha servido como un enlace hacia ustedes, dándoles una voz para que puedan ser escuchados, hemos estado trabajando de diferentes trincheras, desde gobierno del estado, desde el gobierno municipal, desde la Cámara de Diputados, el Senado de la República, con todas las instituciones, a dos años de este terrible acontecimiento”, expuso.

“Nunca se había dado una situación tan grave en Nuevo León y en México, un atentado civil atroz”, refirió.

La empresa Entertainment Enterprises of México, S. A. de C. V., operadora del Casino Royale y propiedad de los hermanos Raúl y Jorge Rocha Cantú, ha ofrecido una indemnización de responsabilidad civil por cinco millones de pesos, es decir, menos de 100 mil pesos por cada una de las 52 personas fallecidas.

En contraste, la empresa tenía contratada una póliza de seguro de cobertura total con una suma superior a los 100 millones de pesos ?para resarcir los daños del inmueble y “lo que pedimos es que se actúe conforme a derecho”.

Por ello se pidió la coadyuvancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y esa instancia analiza presunta participación de funcionarios.

“La calidad humana de estas personas denota que no tienen más que sentido para ver lo económico y salvar en apariencia su responsabilidad”, consideró la representante de los deudos del desaparecido casino.

“La verdad no nos corre prisa, nuestros seres queridos no tienen precio y son términos legales, el 25 de agosto no se apaga”, enfatizó Pérez Muñiz.

Sobre el proyectado memorial, aunque el municipio de Monterrey y el gobierno de Nuevo León han aceptado realizar este homenaje permanente, el lugar y su diseño es motivo aún de desacuerdo entre autoridades y deudos.