Notimex. El vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, respaldó la queja de empresarios e industriales del país si se autoriza la construcción del proyecto chino Dragon Mart, pues provocaría pérdidas comerciales al permitir que se introduzcan más de 300 mil toneladas de mercancía china.
En un comunicado, el diputado federal resaltó que “tanto los dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), como los empresarios guanajuatenses están preocupados y tienen mucha razón al exigir al gobierno federal respuestas a sus inquietudes”.
El vicecoordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que la Concamin calcula un ingreso mensual de 300 mil toneladas de mercancía china si se autoriza el proyecto comercial Dragon Mart, lo que desplazaría el mismo número de productos mexicanos.
A su vez, continuó, la Canacintra ha expresado la preocupación generalizada de los industriales del país por la autorización del proyecto, que permitiría el ingreso de artículos chinos, en abierta competencia desleal.
En ese sentido, el legislador guanajuatense respaldó lo que consideró preocupaciones fundadas de los empresarios, por lo que exigió la intervención del gobierno federal, a través de las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Lo anterior para que “revisen, vayan a fondo y expliquen a la opinión pública en qué consiste, de qué se trata, cómo se va a regular y den una opinión respecto del impacto que significaría la operación de Dragon Mart”.
Advirtió que las alertas no sólo tienen que ver con las prácticas que se conocen de los empresarios chinos, sino porque “ahora pretenden crear una cabeza de playa en territorio mexicano para desatar toda una ofensiva que provocará que la industria nacional compita en total desventaja”.
Alonso Raya dijo que nadie tiene claro los beneficios del proyecto que quiere instalarse en más de 500 hectáreas en el municipio de Cancún, Quintana Roo; para establecer un gran desarrollo de viviendas y empresas para producir y abastecer desde ahí al país y otras regiones de mercancía barata proveniente de china.
Sin embargo, consideró que si el gobierno concluye que la empresa cubre los requisitos legales, entonces debe regular perfectamente su actividad en Cancún, donde piensa establecerse, y en todo el país.
Pero además, señaló, “el gobierno debe explicar con qué medidas se protegerá a la industria nacional para que no resulte afectada en el marco de una competencia de esta naturaleza”.
“Si las autoridades determinan que por los impactos del proyecto se corre el riesgo de no garantizar que los empresarios mexicanos compitan en condiciones de equidad, tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que el proyecto se desarrolle en nuestro país”, añadió.
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