Notimex.- La secretaria de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, Alicia Concepción Ricalde Magaña, aseguró que del 2010 al primer trimestre de 2013 México repatrió 239 mil 252 migrantes, de los cuales el 92 por ciento son centroamericanos.
Además, informó que cada año se erogan mil millones de pesos para regresarlos a su país de origen.
Indicó que la Comisión de Asuntos Migratorios analiza un punto de acuerdo en donde se señala que esa cantidad de recursos es equivalente a la recaudación por el ingreso de extranjeros durante enero-marzo del presente año, es decir, una cuarta parte de los 4 mil 585 millones captados por la Federación en 2012, por ese concepto.
Detalló que México tiene 65 vías de ingreso en aeropuertos, 67 en puertos y 59 cruces terrestres, contra un número indeterminado de pasos irregulares en la frontera sur.
Dio a conocer que según datos del Instituto Nacional de Migración señalan que el volumen de tránsito irregular por México es de alrededor de 300 mil personas al año principalmente centroamericanos, cuyo objetivo es internarse a Estados Unidos.
La legisladora de Acción Nacional, recordó que ante esta problemática, el gobierno mexicano, en coordinación con EUA, a través de la Iniciativa Mérida, anunció en el mes de junio la implementación de un registro biométrico de migrantes centroamericanos que ingresen a México, incluidos los indocumentados.
Por tal motivo, propuso exhortar al INM para que informe los costos, alcances e implicaciones del Programa de Captación de Datos Biométricos para Migrantes Centroamericanos.
De acuerdo con el INM, dijo, el programa contará con recursos de la Iniciativa Mérida y permitirá identificar a través del iris, huellas dactilares y fotografías, a toda persona que cruce hacia territorio nacional.
Su objetivo será contar con una base de datos biométricos centralizados, con la cual el INM tendrá capacidad de intercambiar información de este tipo con otras dependencias gubernamentales nacionales y extranjeras, apuntó.
Ricalde Magaña resaltó que si bien estos proyectos buscan resolver el flujo migratorio centroamericano que deriva en problemas de seguridad pública, empleo, salud y violación de sus derechos humanos, también es necesario aclarar los costos, alcances e implicaciones de la aplicación de dicho Programa.
“Aunque los recursos económicos no provienen del presupuesto nacional, sí es importante que el Poder Legislativo tenga un mayor conocimiento sobre el mismo”, concluyó.
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