Descartan que endurecimiento de sanciones inhiba conductas delictivas

Notimex.- El diputado Antonio Padierna señaló que más que endurecer las penas para inhibir las conductas delictivas, se debe evitar la impunidad con la aplicación correcta de la ley a quienes, bajo pretexto de una protesta social, toman las calles mediante actos violentos.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), consideró lo anterior a raíz de las marchas violentas que se han registrado recientemente en la ciudad de México.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó como válido el sentir de los ciudadanos en relación al endurecimiento de las penas para este tipo de conductas.

Sin embargo, opinó que ello no inhibe las conductas delictivas y expresó que se debe evitar la impunidad con la aplicación correcta de las leyes para que los grupos de infiltrados en las legítimas demandas ciudadanas o conmemoraciones, no vuelvan a tomar las calles para provocar desórdenes graves.

En un comunicado, Padierna Luna externó su preocupación por actos de ese tipo y manifestó su desacuerdo en que la ciudad de México se vuelva rehén de esos grupos.

Puntualizó que los capitalinos tienen derecho a vivir tranquilos y recordó que los ultrajes y ataques a la paz social están tipificados en el Código Penal como actos vandálicos, además del robo, la agresión, el abuso de autoridad y otros.

El legislador perredista refirió que el derecho a la manifestación forma parte de las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política mexicana, por lo cual quedan fuera de toda reglamentación o condicionamiento en su ejecución.

No obstante, dijo, es importante considerar que el ejercicio de las libertades de las personas no puede llevarnos a un abuso, a transgredir con eso el derecho y la libertad de otras.

Respecto a la propuesta de iniciativa en el Congreso de la Unión para regular marchas, el diputado advirtió que de aprobarse podrían solicitar una acción de inconstitucionalidad porque vulneraría los derechos individuales de los capitalinos.

Lo anterior no es procedente, dijo, ya que los diputados no pueden sacrificar los derechos que han sido salvaguardados por la Constitución por un grupo de personas que son gente pagada y que vive de eso.

“No queremos un 68 de nuevo, pero tampoco queremos que haya un Estado en el cual no se pueda controlar 200 personas que están realizando actos vandálicos”, concluyó Padierna Luna.