Urgen resolver sobre-posesión de tenencia de tierra en Chiapas

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Published on octubre 27, 2013 with No Comments

ChiapasNotimex.- Los problemas agrarios no están resueltos en Chiapas y de su atención depende el mayor éxito en la conservación de los recursos naturales, ante lo cual el reto es frenar la presión sobre los bosques y selvas.

El presidente de la Comisión de Ecología del Congreso local, José Guillermo Toledo Moguel, planteó la urgencia de resolver los asuntos de sobre-posesión de la tenencia de la tierra, para ampliar la superficie protegida. En la actualidad, sólo un millón 300 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) “están en mejores condiciones de protección”, reportó. Sostuvo que mientras no se garantice una solución justa a la tenencia de la tierra, siempre habrá presión sobre los recursos naturales, persistirá la práctica del cambio de uso del suelo y urge ordenar el territorio.

Aunque no hay estadística actualizada, continuó, se cree que la entidad pierde de 40 mil a 70 mil hectáreas de bosques por diversas causas. En entrevista, dijo que hay “un caso muy complicado” que deberá resolverse conforme a derecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sobre-posesión de la tenencia de la tierra entre comuneros de Chiapas y Oaxaca. Debe definirse la situación legal de 160 mil hectáreas de tierras, el problema agrario ha llegando a la parte jurídica, impacta en ocho mil personas de 53 comunidades de ambos estados y sólo de Chiapas suman 46 localidades, refirió.

Mencionó que en 1994 en esa zona conocida domo “La Gringa”, en el gobierno interino de Javier López Moreno, unos 450 campesinos fueron indemnizados con “una cantidad paupérrima, con el pretexto de crear un Área Natural Protegida, la que no existe”. El nuevo municipio, Belisario Domínguez, creado en noviembre de 2011, en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, se encuentra en estado de suspensión por decisión de la SCJN hasta que se resuelva el tema agrario.

Sin embargo, “ese es uno de los casos complicados”, el otro, en el que si bien hay avances en acuerdos entre las partes en conflicto, es el de sobre-posesión de la tenencia de la tierra entre los municipios indígenas de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán, según el luchador social Carlos Enrique Bertoni Unda. A su juicio, se requieren por lo menos unos mil millones de pesos para atender el tema agrario en sus diversas facetas. Por su lado, la presidenta de la Comisión de Bosques y Selvas del Congreso local, Roxana Magdalena Gordillo Burguete, apuntó que falta por dar atención a las ocupaciones del EZLN de unos 300 predios en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y La Trinitaria.

En esas localidades, abundó, los ex propietarios fueron desplazados por el EZLN desde 1994, quienes se vieron obligados a entregar sus escrituras a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Planteó que en materia de regularización de la tenencia de la tierra falta mucho por hacer, debido a que en 1995 y 1996 hubo compras masivas de tierra que no se ordenaron, permanecen como copropiedades y en algunos casos hay juicios instaurados en los tribunales agrarios.

El presidente de bienes comunales de la zona lacandona, Chankin Kimbor Chambor, consideró que “se necesita cerrar el polígono de su territorio” para establecer los límites definidos desde 1971 en que les dotaron de 614 mil 321 hectáreas de tierras. Anotó que quedan por resolver 35 poblados irregulares, algunos en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, muchos con documentos antes y después de la creación de la comunidad lacandona, donde urge un gran acuerdo para la estabilidad y paz social. Opinó que en la Comunidad Zona Lacandona no se debe permitir más invasiones, pues ya se dialogó con los ejidos ya establecidos al interior, se negoció y “se ha minimizado el conflicto con una contraprestación o regularización”, pero faltan casos por atender.

Aún hay quienes trafican con recursos naturales de la Selva Lacandona hacia otras partes de México, lo que “es un descontrol por parte de las autoridades ambientales que no aplican medidas coercitivas para erradicarlo”, agregó. La mayor atención al problema agrario en la Selva Lacandona ocurrió de 2003 a 2007, al resolver la situación jurídica de 43 mil 800 hectáreas, con una inversión de 342 millones 769 mil 889 pesos.

Además, con el programa Conflictos Sociales en el Medio Rural hasta 2009 se atendieron en esa misma zona tres mil 409 hectáreas y a partir de ahí no se ha resuelto las invasiones vigentes. La entidad registró en 2009 como ejidos el 50.45 por ciento de la superficie total, de siete millones 368 mil 800 hectáreas; comunidades, 11.30; colonias, 1.13; terrenos nacionales, 5.26; propiedad privada, 27.74, y otras categorías el 4.12 por ciento.

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