Notimex.- El Senado de la República analiza una reforma a la Ley General de Salud, a fin de erradicar casos de discriminación, negligencia y rechazo a la prestación de servicios a grupos vulnerables como adultos mayores, embrazadas, niños y personas de escasos recursos.
La iniciativa que se analiza en comisiones del Senado establece que si bien existen carencias y clínicas del sector público en el país, con instalaciones inadecuadas, falta de material médico o de plantilla, se debe privilegiar el sentido común y la atención de urgencia para quienes más lo necesitan.
El vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, José María Martínez, recordó el caso de José Sánchez Carrasco, jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió cerca del Hospital General de Guaymas, Sonora, al parecer por una negativa de atención.
También mencionó lo ocurrido en clínicas de Oaxaca, Chiapas y Puebla, donde las afectadas fueron mujeres en labor de parto.
Más allá de cómo se defina la “cobertura universal”, que el gobierno federal ha vinculado con el resultado de las otras reformas que impulsa, “es evidente que existen graves problemas de insensibilidad y mala administración en los sistemas de salud. Es un problema de derechos humanos”, apuntó el legislador.
La reforma a los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, plantea que “son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables”.
Asimismo, expuso el legislador, se entiende como grupos vulnerables: los adultos mayores, los niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.
Martínez Martínez dijo que las cuotas de recuperación que, en su caso, se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales.
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario, añadió.
Precisó que éstas se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social.
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