Notimex. El legislador perredista José Luis Muñoz Soria urgió a que el apoyo del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) sea más equitativo en su cobertura, particularmente en los rubros de drenaje, saneamiento, agua potable y comunicación terrestres.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados también solicitó que se divulgue la información sobre ese mecanismo de 2009 a la fecha, a fin de transparentar el gasto efectivo y lo que se dejó de ejercer.
Muñoz Soria planteó que la atención a esa solicitud es de particular importancia porque para el presente año se presupuestaron siete mil 141 millones 400 mil pesos, que deben ejecutarse para satisfacer efectivamente las necesidades de la población beneficiaria.
Comentó que pese a que cada año se destina más presupuesto a dicha estrategia, continúan las carencias en los referidos rubros.
Informó que de 2010 a 2013 dejaron de ejercerse cuatro mil 435 millones 200 mil pesos de los 21 mil 632 millones presupuestados, que hubieran sido suficientes para remediar las carencias de numerosas comunidades indígenas en cuanto a infraestructura.
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció que probablemente las obras de infraestructura requeridas por las comunidades impliquen más inversiones, presupuesto y convenios entre la Federación y los municipios.
Sin embargo, dijo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “el gobierno carece de información sobre comunidades potencialmente beneficiarias”.
Por tal razón también desconoce si en efecto cada obra específica requería de más dinero para realizarse y, si a falta de éste, finalmente no se concretó.
Así, insistió en un comunicado, los ejecutores del gasto carecen, respecto a este programa, de una medición de los “indicadores de fin” referentes al porcentaje de población que dispone de cada uno de los distintos tipos de obra que entrega el programa.
Planteó que, de este modo, resulta imposible o por lo menos difícil que la Federación cumpla con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución, en el sentido de que los recursos públicos se administrarán con eficiencia y eficacia económica, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
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