Desplazan a familias de sus casas por el Mundial en Brasil

BBC. En el portal de noticias BBC se puede leer un reportaje de familias que fueron desplazadas de sus propiedades en el noreste de Brasil por construcciones para el Mundial de futbol.

Jerónimo Sebastiao de Oliveira, de 72 años, es uno de los afectados por las expropiaciones debidas a la Copa del Mundo en la localidad de Camaragibe, en el área metropolitana de la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, en el noreste del país.

El gobierno de Pernambuco construirá en la zona dos obras de infraestructura para facilitar el acceso al estadio Arena Pernambuco, donde se jugarán cinco partidos del Mundial.

Para erigir las obras, el Terminal Integrado de Camaragibe y el Ramal da Copa, los habitantes locales fueron obligados a abandonar sus hogares, aunque ninguna de las terminales ha sido concluida.

El reclamo de Jerónimo es el mismo de muchas otras familias que también fueron desalojadas por las obras de la Copa. Las familias aseguran haber recibido del gobierno de Pernambuco una indemnización muy inferior al valor de los inmuebles y señalan que no tienen más remedio que alquilar alguna vivienda o “vivir de prestado” en la casa de algún conocido.

“Lo que me dieron no es ni la mitad del valor de la casa y no alcanza para comprar otro inmueble. Estoy viviendo de favor con una sobrina y ella me cobra 400 reales (unos US$180). Ya me está pidiendo que me vaya y no tengo a donde ir”, dijo Jerónimo a BBC Brasil.

El valor ofrecido fue lo que más rechazo causó entre las familias. Aquellas que no aceptaron la propuesta tuvieron la opción de recurrir a la Defensoría Pública y hay varios procesos ante la Justicia entablados por quienes piden una indemnización más justa.

“Somos agentes públicos, las indemnizaciones se pagan con dinero público y existe una norma técnica y parámentros de ingeniería para evaluar el valor de un inmueble”, dijo el procurador general del estado de Pernambuco, Thiago Arraes de Alencar Norrões, a BBC Brasil.

El gran problema, en el caso del pago de indemnizaciones tan bajas, como la de US$1.350, fue la situación irregular de algunos propietarios. El gobierno alega que muchos de ellos no tenían la documentación completa o en algunos casos la casa estaba a nombre de un familiar ya fallecido.