Diputados avalan en lo general Ley de Partidos Políticos

Notimex. A fin de promover la participación de la sociedad en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política, la Cámara de Diputados aprobó el decreto que expide la Ley General de Partidos Políticos.

Con 391 votos a favor 39 en contra y 1 abstención el pleno avaló en lo general está ley reglamentaria que forma parte de la reforma político electoral y con 311 votos a favor y 91 en lo particular, luego de que fueron rechazadas alrededor de 20 reservas a varios artículos que hicieron varios diputados.

La iniciativa busca dar cauce institucional a la pluralidad y avanzar en la construcción de un sistema político que no solamente sea respetuoso de las libertades humanas, sino que mejore la condición de vida de la población.

En tanto varios diputados reservaron para la discusión en lo particular alrededor de 20 artículos de este documento.

Esta legislación tiene como fin regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, en materia de constitución de fuerzas políticas, derechos y obligaciones de militantes, fiscalización y organización y funcionamiento de sus órganos internos, entre otros.

Para la constitución de un partido político nacional se deberán contar con tres mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales.

En el caso de los partidos locales deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad.

Indica que una organización partidista perderá su registro oficial si no participa en un proceso electoral ordinario o en su caso no obtiene por lo menos el 3 por ciento de la votación valida emitida en algunas de las elecciones para diputados, senadores o presidente.

La reforma señala la obligación de las fuerzas políticas de transparentar su información relativa a reglamentos, padrón de militantes, directorios, remuneraciones de personas en sus órganos nacionales, estatales y municipales, contratos, auditorías, sentencias jurisdiccionales y gastos de campaña y precampaña.

Puntualiza que las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley.

Asimismo, tienen derecho a recibir financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y actividades de interés público.

Para que el partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior en la entidad de que se trate.

Asimismo, los partidos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público con las modalidades siguientes:

Financiamiento por militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento, por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

La norma establece que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes a cargos de elección popular en dinero o en especie las siguientes instancias.

Los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de las entidades federativas, ayuntamientos, dependencias, organismos centralizados, paraestatales, autónomos, organismos internacionales, así como personas morales y no identificadas.

Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para sus actividades ordinarias al INE.

La legislación establece el prorrateo de los gastos genéricos de campaña de acuerdo a lo siguiente:

Para presidente de la República y un candidato a senador se distribuirá el gasto en una proporción 40-60 por ciento.

Para presidente y un candidato a diputado federal, será de 60-40.

En el caso de los candidatos a presidente, senador y diputado federal, se distribuirá el gasto en un 20-50 y 30, respectivamente.

Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione el nombre del candidato, se difunda su imagen y se promueva el voto a su favor.

La nueva ley establece tres maneras de alianzas entre uno o más partidos políticos: los frentes, las coaliciones y las fusiones.

Los frentes se refieren a alianzas para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas comunes.

Para fines electorales, los partidos podrán constituir coaliciones para postular los mismos candidatos en elecciones federales.

Asimismo, dos o más partidos podrán fusionarse para construir un nuevo partido, o para incorporarse a uno de ellos.

Los partidos de nuevo ingreso no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido antes de la conclusión de la primera elección federal o local posterior a su registro.

El texto establece que cada partido político garantizará la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales y en ningún caso se permitirá delegar a un género a los distritos donde se tengan los porcentajes de votación más bajos en la elección anterior.

Mediante un artículo tercero transitorio, se establece que los congresos locales deberán adecuar su marco jurídico a más tardar el 30 de junio de 2014.

En esa misma fecha el INE deberá dictar las disposiciones necesarias para hacer efectiva la ley.

Para fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación, habló el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quien señaló que los partidos políticos contemporáneos son grupos que despiertan y movilizan a todos los pueblos que representan intereses.

Además que facilitan la concreción de compromisos entre ópticas contrarias que se convierten en un campo de aprendizaje propicio para futuros dirigentes políticos.

Estableció que la pluralidad política expresada a través de los partidos, aminora las posibilidades de enfrentamientos explosivos y descontrolados entre las clases sociales que buscan acceder al ejercicio del poder.

Lo anterior, agregó, se ve reflejado en el artículo 41 de la Constitución el cual dispone que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible este ejercicio del poder público.

“Hoy podemos afirmar que buena parte del espectro ideológico está debidamente representado en los partidos que cuentan con registro político nacional”, agregó.

En el rubro de transparencia, subrayó, la ley responde a un reclamo popular por abrir la vida de los partidos a la sociedad, y por tanto establece lo que habrá de considerarse como información pública, así como la que habrá de considerarse como información reservada.

El legislador del Revolucionario Institucional, aseguró que esta nueva ley permitirá dar cauce institucional a la pluralidad de la sociedad mexicana y avanzar en la construcción de un sistema político que no solamente sea respetuoso de las libertades humanas, sino que mejore la condición de vida de la población.

Por lo tanto, abundó, “hagamos de nuestra democracia un régimen que permita la convivencia pacífica entre ciudadanos que intervengan en la discusión y soluciones que se aquejan en este país.”

Falta ahora, dijo, que los estados reformen sus marcos jurídicos para ajustarlos al espíritu de la reforma constitucional y a las leyes electorales que se aprobarán para que el próximo año los ciudadanos acudan a las urnas con la confianza de tener instituciones sólidas, transparentes y modernas.

Al fijar la postura de Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González Roldán, calificó de positiva la Ley General de Partidos Políticos, al considerar que ésta promueve condiciones que permitirán el fortalecimiento del sistema de partidos, lo que abona a un importante avance en el desarrollo democrático de México.

Manifestó su aval a la minuta la cual regula entre otras cosas la constitución y registro de participación, así como el funcionamiento, la estructura, el sistema interno y el financiamiento de los partidos políticos.

El legislador aliancista sostuvo que la fortaleza de la democracia se encuentra en la naturaleza de los partidos políticos, los cuales deben respetar las discrepancias y la diversidad de opinión de quienes forman parte de la nación, y éstos deben ser el mayor aporte del régimen democrático, el espejo de toda colectividad.

Arnoldo Ochoa González habló a nombre del PRI y dijo que el principal reto ya no consiste en brindar a las diferentes agrupaciones políticas la opción de volverse gobierno, sino el de tener calidad democrática por tener mejores leyes electorales e instituciones, que organicen y califiquen los procesos electorales.

Hoy, abundó, se establecen reglas dirigidas a regular la constitución de los partidos políticos; se fija un catálogo de derechos y obligaciones de sus militantes; se definen los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; se transparentan y fiscalizan los recursos que ejercen.

Además se cuidan los contenidos de sus documentos básicos, y los avances que la sociedad ha exigido y a los que nos hemos comprometido los dirigentes políticos.

Por lo tanto, sostuvo, nuestro llamado es a confiar en el debate y el diálogo político entre quienes piensan diferente, prescindiendo de cualquier intento de subordinación, buscando denominadores comunes. “Adoptando más lo que une y acerca, que lo que separa y divide.”

Alfredo Rivadeneyra Hernández, fijo la postura de Acción Nacional, y señaló que esta ley supone dar un cauce ordenado a la participación ciudadana en la política a través de los partidos y agrupaciones políticas.

Enfatizó que la sociedad reclama con justicia partidos abiertos a la participación ciudadana en los que sus órganos de dirección se renueven mediante mecanismos democráticos, abiertos y transparentes.

No olvidemos, acotó, que esto es un imperativo en la medida que los partidos buscan su propia permanencia y cercanía con la ciudadanía, lo cual está plasmado en la reforma electoral.

En ella, agregó, se incorpora las candidaturas independientes constituyéndose en un aliciente y un acicate para que las instituciones políticas, los partidos sigan siendo espacio de auténtica representación de los intereses legítimos de la ciudadanía.

También, añadió, se reconocen espacios de oportunidad pero debemos seguir pugnando porque las normas de equidad y paridad alcancen no solamente a las candidaturas sino los órganos de dirección de los partidos políticos.

En materia de transparencia, recalcó, debemos asegurarnos que las disposiciones que habremos de discutir en materia de transparencia queden debidamente alineadas con las exigencias de los nuevos tiempos.

Al fijar la postura del PRD, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, expresó que la reforma política promulgada el 10 de febrero del presente año viene a poner al día nuestro régimen político, con la introducción de nuevas figuras institucionales que buscarán darle mayor certeza a nuestra pluralidad y competencia política.

Aunque se trató de una reforma que recibió fuertes críticas por parte de los especialistas en la materia, dijo, no fue una propuesta que se procesara y discutiera sobre la base de sus propios méritos, sino que estuvo condicionada y subordinada a la discusión de la reforma energética, y las perversas negociaciones del partido en el gobierno y Acción Nacional.

Lo cierto, admitió, es que en el Partido de la Revolución Democrática estamos conscientes de que en ella se cristalizaron parte de nuestras banderas de izquierda, sobre todo aquellas que buscan imparcialidad y la garantía de elecciones libres y equitativas.

De esta manera, aseveró, con estas nuevas reglamentaciones nuestro régimen político se actualiza buscando eficientar la democracia en su vertiente electoral.

Sin duda, insistió, la reglamentación en materia de partidos políticos representa un avance en la consolidación de nuestra democracia en su plano formal electoral, así como de su sistema de partidos.

Empero, aclaró, la efectividad de esta ley tendrá que ver con el compromiso que asumamos los actores políticos para cumplirla, generando con nuestras acciones mayor confianza y credibilidad entre la ciudadanía.