Por: Alejandro Muñoz.
El Congreso local y gobierno del estado se vieron obligados a realizar modificaciones de última hora a la llamada “Ley bala”, luego que ésta causara un gran revuelo en redes sociales e incluso generara inconformidad a nivel internacional.
Con premura y opacidad, legisladores locales realizaron modificaciones al artículo 46 de la Ley, con lo cual prohíben el uso de armas de fuego para la dispersión de las manifestaciones.
Cabe recordar que el dictamen original autorizaba a los elementos de seguridad hacer uso de armas letales como último recurso para someter a los manifestantes.
En un comunicado el gobierno del estado puntualizó que “La Ley jamás plantea ‘legitimar’ el mal uso de la fuerza pública, ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos. Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos”.
Asimismo sostiene que la Ley bala se elaboró bajo lineamientos establecidos por la Asamblea General y el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, convenios firmados por México con el Comité Internacional de la Cruz Roja y recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
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