Notimex.- Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, señaló hoy que “la deuda mayor de la región en esta materia es el acceso y el goce de los derechos humanos esenciales”.
Esto es, indicó, “de los derechos económicos, sociales y culturales en este momento” y, enfatizó, “creo que es el reto de todos”.
América del Sur “sigue siendo una región altamente inequitativa. Hay situaciones que realmente hay que enfrentarlas urgentemente. La distribución de la riqueza es lamentable, y “eso provoca siempre situación de descontento y conflicto social”, apuntó.
“Por tanto son situaciones que hay que atender. Y un Estado tiene que ser un Estado fuerte que garantice derechos. Eso es lo que vemos como retos”, enfatizó.
Incalcaterra destacó la aparición de los “nuevos ciudadanos” en la escena político-social de los países de la región, en relación con el reclamo de derechos.
“Los movimientos sociales que se han dado en la región parten de un empoderamiento de la propia ciudadanía, en relación con los derechos que considera que le pertenecen”, señaló.
“La relación entre ciudadanía y Estado está cambiando. Los ciudadanos se están empoderando y le están reclamando (al Estado) por sus derechos”, apuntó.
Por ejemplo, dijo, “los movimientos estudiantiles en Chile fueron eso: un reclamo en relación con sus derechos. Reclamaban derechos. Y en el caso de Brasil, lo que salió a partir del 2011 fue realmente una situación que nadie había previsto”.
“Con el tiempo tenemos una lectura clara de lo que ha sucedido: que Brasil ha hecho una política muy interesante de reducir la pobreza. Hay millones de brasileños que han pasado a la clase media y muchos mas allá”, indicó el funcionario de Naciones Unidas.
“Pero el Estado no estaba preparado. El Estado no se preparó para responder a los reclamos, en materia de derecho a la salud, a la educación, etc.
“De esta manera se ha puesto en evidencia una dificultad del país, de cómo garantizar y brindar los servicios que un Estado debe brindar”, señaló.
El Estado “es la instancia de garantía de los derechos de sus ciudadanos. Y los ciudadanos están entendiendo que es su derecho exigirlo”, agregó.
Pero a la vez lo que se ha visto es justamente esa incapacidad del Estado de responder estructuralmente a los reclamos, respondiendo de manera represiva. No está preparado y parece ser que los estados articulan más prevenciones y represión a las manifestaciones, detalló.
Al respecto señaló que “hay una necesidad de democratizar, de entender el verdadero rol que tienen que cumplir las fuerzas de seguridad en un Estado democrático, lo cual es un tema pendiente”.
Lo que pide Naciones Unidas al respecto, dijo, es que se respete la libertad de expresión y manifestación, que en caso de detención no sea arbitraria, que se pongan las personas bajo la autoridad judicial lo antes posible.”
Además, indicó, “que no haya casos de tortura. Que se investiguen los crímenes realizados por las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos”.
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