Indígenas otomíes rechazan el decreto presidencial sobre hectáreas de territorio comunal

MVS. Las comunidades otomíes de San Lorenzo Huitzizilapan y San Francisco Xochicuautla, de territorio mexiquense y el Frente se Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, denuncian la “imposición” de los gobiernos municipales, estatal y federal para desarrollar proyectos “destructivos” como la autopista privada Toluca-Naucalpan o la construcción de casas campestres, edificios o clubs de golf, tras “el despojo” de sus tierras comunales.

El proyecto carretero Toluca-Naucalpan fue decidido por 102 de 882 comuneros en una asamblea que no cumplía los requisitos de la Ley Agraria, que fue impulsada por autoridades y los desarrolladores; los inconformes presentaron su denuncia ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Distrito con sede en Naucalpan que, tras analizar el caso, ordenó la anulación de la asamblea de bienes comunales que aprobó la construcción de la autopista privada referida.

“Seguiremos usando la ley para nuestra defensa porque sabemos que tenemos la razón… Exigimos se detengan de una vez por todas las obras que ilegalmente continúan en las comunidades y la autopista privada Toluca-Naucalpan”, en el entendido de que el bosque Otomí-Mexica no sólo es responsabilidad de los indígenas sino de todo el país.

En este sentido, desde los jóvenes hasta el consejo de ancianos, todos organizados en la defensa de la zona, rechazan que los desarrollos carreteros e inmobiliarios representen un progreso para la comunidad; por el contrario, expresan, “es un despojo para ser entregado a intereses privados, económicos y políticos”, que se ha impuesto con “represión, persecución, intimidación policiaca”.

Asimismo, rechazan el decreto expropiatorio de siete hectáreas del territorio comunal Otomí del pasado 29 de mayo de este 2014. Bajo una medida de “utilidad pública” el proceso está “totalmente amañado y lleno de irregularidades”.

“Ningún presidente tiene la facultad de quitarnos las tierras a las que pertenecemos, por ello hemos promovido un amparo contra el decreto de Enrique Peña Nieto y estamos esperando una respuesta positiva porque es nuestro derecho ancestral”, dijeron las comunidades indígenas afectadas.