Notimex.- El investigador universitario Mauricio Patrón aseveró que para abatir el trabajo infantil en el país es indispensable sensibilizar a la sociedad en torno a ese práctica, que tiene profundas raíces culturales, sociales y económicas.
En ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este 12 de junio, Padrón Innamorato planteó que la erradicación de ese problema no sólo se trata de una cuestión legal, porque la prohibición existe en la constitución mexicana desde 1917.
“El problema es más complejo, pues tiene raíces culturales, sociales y económicas profundas. Muchas familias envían a los más pequeños a laborar porque no cuentan con ingresos o dinero suficiente para sufragar gastos”, comentó el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Reconoció los esfuerzos en México para incorporar medidas jurídicas que combatan el fenómeno pero a su decir han sido insuficientes, pues más de tres millones de niños y adolescentes participan en actividades económicas en situaciones riesgosas y de vulnerabilidad.
Dijo que la mitad de ellos lo hacen “con la madre, el padre, con ambos o con un pariente en empresas familiares”, una vez que en el país persiste la idea de que si los infantes se ocupan en una actividad que puede considerarse trabajo, se les está formando para el futuro, básicamente para el ingreso al mercado laboral.
Se considera que la edad temprana es una etapa de preparación para la vida adulta aunque también, por tradición histórica, se piensa que los niños no son sujetos de derechos, pues las decisiones sobre ellos corresponden a la vida privada, a los padres en particular, subrayó.
No obstante, advirtió, se debe prestar atención pues cuando una labor empieza a interferir con las garantías fundamentales de los pequeños como asistir a la escuela, tener tiempo para alimentarse, estudiar, descansar y divertirse, así como a la salud, se le denomina trabajo.
El universitario enfatizó en la necesidad de mecanismos de vigilancia por parte de la autoridad correspondiente para sancionar a los responsables de los lugares donde laboren menores de 17 años de edad.
“Se requiere un papel más activo por parte del Estado, que es el sujeto obligado para responder por esa población en términos de hacer efectivos sus derechos”, abundó el especialista en mercados laborales, niños, adolescentes y jóvenes, exclusión social, discriminación y derechos, entre otros temas.
Remarcó que para contribuir a eliminar esas conductas no sólo se necesita publicidad, sino también políticas públicas integrales que brinden los elementos y mecanismos necesarios para que los padres no se vean obligados a integrar a los menores a la fuerza laboral.
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