Acoso escolar está ligado a faltas y agresiones y no al juego: UNAM

MVS. Por sus consecuencias e implicaciones, el acoso escolar o bullying es una falta grave. Desde hace más de 30 años, en países avanzados como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Francia rigen leyes que protegen a los menores del hostigamiento, en comparación con México, donde los esfuerzos son incipientes, indicó Pablo Sergio Rebollo Munguía, de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

Estas conductas no pueden considerarse un juego de niños, bromas o riñas “normales” entre compañeros, pues dan pauta a conceptos estipulados en la legislación penal, que dañan tanto a las víctimas como a la sociedad; entre ellas, el homicidio, la comisión de lesiones y la ayuda o inducción al suicidio, con las agravantes de alevosía y ventaja. Es un problema de salud y seguridad pública nacional, al presentarse en muchas escuelas del país, advirtió.

En ciertos casos, ejemplificó, las víctimas fallecen por los golpes que les propinan o se quitan la vida al no recibir atención inmediata. Prefieren sufrir o morir, antes que pedir ayuda. Por su omisión, las personas que de alguna u otra forma son parte de esta violencia también delinquen, apuntó el académico de la licenciatura y el posgrado en Derecho.

Tanto víctimas como agresores requieren atención profesional, así como los individuos que, en conjunto, integran el “polígono del bullying”: testigos, instigadores de las agresiones y cómplices.

Rebollo Munguía, doctor en medicina y cirugía y maestro en derecho, definió al bullying: abarca toda conducta, por acción u omisión, siempre dolosa; por lo general colectiva, caracterizada por la imposición de poder real o no. Está dirigida a una persona que, por sus características, es diferente al grupo escolar al que pertenece, y es manifestada por violencia verbal, física, psicológica o moral.

El hostigamiento es progresivo. Comienza con una “simple broma”, después se dan empujones y golpes, hasta provocar lesiones. La intimidación y victimización entre pares puede causar la muerte u orillar a la víctima a suicidarse, enfatizó el experto, quien imparte las materias de Criminología, Derecho internacional y Menores infractores, entre otras.

Las autoridades no comprenden que estos actos violentos, intencionales y dañinos tienen grandes repercusiones, tanto en víctimas como agresores. El fenómeno debe estudiarse de manera multidisciplinaria, con la participación de profesores, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos y filósofos, entre otros profesionales.

Es urgente incorporar mecanismos legales para su detección y prevención, que constituyen las mejores herramientas para erradicar estas conductas. Si somos testigos y no somos capaces de reaccionar y evitarlas, nos convertimos en cómplices, concluyó.