MVS. En la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, anunciaron que tomarán medidas para abogar por los derechos del fundador de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles y de la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.
“Enviaremos un informe al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y al señor Juan Méndez, relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros datos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, para externar nuestra preocupación sobre el caso y para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos del doctor Mireles”, expuso el diputado José Luis Muñoz.
“El planteamiento que nosotros hacemos es que si el Doctor Mireles, si tiene alguna denuncia, exigimos el debido proceso y la defensa de sus derechos humanos. Ése es el planteamiento que hacemos en el caso del doctor Mireles: no violación a sus derechos humanos y el debido proceso en el caso de cualquier acusación que se le haga”, pidió el diputado José Luis Muñoz.
De igual modo, señalaron que en el caso de la agresión policíaca a los manifestantes que demandaban servicios de registro civil en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el gobierno del estado debe asumir su responsabilidad, destituir al Secretario de Gobierno, Luis Maldonado e instruir al procurador local a que aplique la ley conforme a derecho y no se convierta en “juez y parte”.
“Exigirle al gobernador que si quiere dar muestras de que efectivamente está abierto al diálogo, primero, tiene que asumir la responsabilidad que su policía no está capacitada; segundo, el secretario de gobierno tiene que salir por la falta de capacidad de establecer el diálogo con todos los grupos del Estado de Puebla, porque no se ha concretado, y tercero, el procurador tiene que dejar de ser juez y parte en esta investigación en vez de querer justificar o cuidar la imagen del gobierno del Estado”, apuntó la diputada Roxana Luna.
Legisladores y legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), agregaron que en el caso aplicación de la llamada “Ley Bala” en el estado de Puebla, que provocó la muerte de un menor de edad, tras recibir el impacto de una presunta bala de goma, lanzada por la policía, presentarán un informe al Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es necesario procesar a los elementos policiacos y a quienes ordenaron la represión, que son responsables de abuso de poder, de heridas graves, de tentativas de homicidio, de tratos crueles e inhumanos, así como de la ejecución extrajudicial del niño José Luis”, expuso la diputada Elena Tapia.
Asimismo, lamentaron que el gobierno de Guerrero no quiera avanzar en la resolución del caso de la dirigente social Nestora Salgado, por lo que pedirán la destitución del procurador local Iñaki Blanco.
Agregaron que en esa situación particular y en la de Mireles Valverde, entregarán otros dos informes a la ONU, para que esa instancia esté al tanto y emita un pronunciamiento.
El diputado Roberto López Suárez, relató que en torno a la detención y encarcelamiento de Nestora Salgado, se han hecho esfuerzos desde el Legislativo para visitarla en el penal de Tepic conde está presa.
Pese a las reuniones de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre y el procurador del estado, para buscar una salida política a la problemática, indicó que la autoridad local ha retrasado el diálogo y presentado pretextos para no atender las solicitudes para que la activista y líder social sea trasladada al Distrito Federal, con el fin de salvaguardar su integridad.
Esto, dijo López Suárez, hace dudar del valor de la palabra del gobernador Aguirre Rivero.
“Creemos que la palabra del gobernador, Ángel Aguirre, está en tela de duda porque en la primera reunión que tuvimos el 28 de mayo del presente año él se comprometió a que daría seguimiento al caso y buscaríamos una salida política y legal al conflicto que se ha tenido durante 11 meses, aproximadamente, de la detención de Nestora Salgado y posterior a diferentes dirigentes sociales”, manifestó.
“Como están suspendidas las pláticas, nosotros hemos tomado la decisión de pedir formalmente los próximos días al gobernador del estado de Guerrero que destituya a Iñaki Blanco, procurador del estado, dado que él ha fabricado en el expediente de Nestora Salgado una serie de irregularidades que hasta el momento hacen que siga detenida”, abundó el legislador.
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