CNN.– El tiempo se acaba y Argentina judicialmente está obligada a cumplir el fallo del juez federal estadounidense Thomas Griesa que estipula que el país le pague a los fondos especulativos unos 1.500 millones de dólares.
El gobierno ha dicho que cumplir la sentencia echaría por tierra la reestructuración de la deuda pública que realizó en 2005 y 2010 y que incluyó al 92% de los acreedores.
Hasta el 31 de diciembre, una cláusula prohíbe a Buenos Aires ofrecer voluntariamente mejores condiciones a los acreedores que no aceptaron negociar. Pero si Argentina no llega a un acuerdo, su economía entraría en cese de pagos.
“No van a poder cobrar si Argentina no paga. Y si hay un default difícilmente puedan cobrar después. Porque con un default el valor de los bonos argentinos se va a desplomar”, dice el abogado experto en deuda pública Marcelo Etchebarne.
Por eso el país está en la encrucijada: si paga, tendría que desembolsar además otros 15 mil millones de dólares para saldar la deuda con el 7 por ciento de los acreedores que no entraron a los canjes y que no se hicieron parte de la demanda que impulsan los fondos. Las reservas del Banco Central Argentino la semana pasada alcanzaron a poco más de 29 mil millones de dólares.
El pago regular por 900 millones de dólares que Argentina intentó realizar a parte del 92% de los bonistas con los que negoció fue detenido el 29 de junio por Griesa y no pudo acreditarse en una cuenta en el Banco de Nueva York para que esos bonistas cobrasen. Por la razón que sea, si este pago no se realiza en las próximas horas, el país entraría e suspensión de pagos.
El juez Griesa, que tiene competencia en el tema porque Argentina restructuró parte de su deuda bajo la jurisdicción del estado de Nueva York, paralizó el pago hasta que el país negocie la forma en que saldará su deuda.
Un cese de pagos o default paralizaría el crédito internacional, disminuiría la productividad y podría alargar la recesión que vive el país hasta 2016, según señalan algunos economistas.
Para el economista Matías Tombolini, docente de la Universidad de Buenos Aires, las implicancias fundamentales para el país “serían que empresas organismos intermedios, provincias y por supuesto estado nacional dejarían de tener acceso a financiamiento en la moneda internacional, es decir, en dólares”.
El cese de pagos o default, según expertos consultados por CNN, también podría tener efectos en el empleo y en el mercado cambiario.
“Las tasas de costo de financiamiento para el país serían extremadamente elevadas y creo que es muy importante tener en cuenta que Argentina ha tenido muy poca inversión en estos años”, según explica Germán Fermo, Director de la Maestría de la Universidad Torcuato Di Tella. El docente agrega que “Argentina está teniendo problemas de empleo, de crecimiento, tenemos un déficit energético muy alto. La inversión extranjera es importante y para eso necesitamos poder fondearla a tasas bajas”
Otros economistas señalan que en caso de default, la pronunciada falta de dólares podría desencadenar un escenario de devaluación y consiguiente inflación.
Tombolini insiste en que la falta de acceso a financiamiento internacional dejaría a la Argentina sin los dólares necesarios para cubrir por ejemplo el costo del 20% de su economía. “Es decir, las importaciones, solamente a merced la generación de la exportaciones que es una de las formas que la Argentina tiene para conseguir dólares”.
Argentina negocia con los fondos especulativos, llamados buitres, en Nueva York por orden del juez Griesa. El principal obstáculo para el gobierno es que existe una cláusula con los contratos que rigen los canjes efectuados que prohibe hasta el 31 de diciembre de 2014 al país ofrecerle voluntariamente a los otros acreedores mejores condiciones que al 92% que negoció y acordó con el país. La administración de la Presidenta Cristina Fernández dice que la activación de esta cláusula (RUFO por sus sigas en inglés) pondría en riesgo la restructuración que se ha logrado con los acreedores.
Por eso es que el gobierno argentino le ha planteado al negociador nombrado por el juez Griesa, Daniel Pollack, que reponga la medida cautelar o “stay” y que la extienda hasta el 1 de enero de 2015. Esto protegería al país de entrar en un default, porque permitiría que el gobierno cumpla con los bonistas estadounidenses, sin que estos pagos puedan ser potencialmente embargados, ya sea por el magistrado o a petición de los fondos especulativos. Bajo este escenario, el gobierno argentino, podría legalmente ofrecer una mejor oferta a estos acreedores, sin vulnerar la cláusula RUFO.
Se acerca la hora clave para Argentina y desde el gobierno insisten en que si no hay acuerdo, el país no entraría en cese de pagos, ya que el gobierno realizó el pago a los bonistas el 29 de junio y el juez Griesa lo bloqueó.
“Quiero decirles que la Argentina no va a caer en default. Por una razón muy sencilla, porque en default entran los que no pagan. Y Argentina pagó. Así que van a tener que inventar un nombre nuevo”, dijo Fernández de Kirchner la semana pasada.
“No sé cual será el término, porque los calificadores y los técnicos siempre encuentran un término para disfrazar lo que pasa. Aquí Argentina pagó y alguien lo bloqueó y no deja que el pago llegue a los terceros”, agregó la mandataria y aseguró que nadie le va a hacer firmar “cualquier cosa”.
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