Chocan versiones oficial y de abogada sobre la detención de Mireles

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Proceso.- En la detención del fundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, las versiones oficial y de su abogada defensora no cuadran en ningún punto.

A 48 horas del suceso, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integran de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que Mireles y sus escoltas sí estaban armados, y más: que en la camioneta del cirujano –una Jeep blanca, blindada–, encontraron ocho armas, una bolsa con cocaína, dos con mariguana y documentos bancarios de depósitos y retiros.

En rueda de prensa en la Secretaría de Gobernación, el funcionario federal aceptó además que la detención de Mireles es un mensaje claro de que “cualquier grupo que pretenda movilizarse va a ser detenido”.

Según el comisionado, el único fin de la detención de Mireles y sus compañeros autodefensas es “devolver la paz y la tranquilidad a todos los michoacanos.

“Tenemos que apostar por las instituciones y por la solidez de los cuerpos policiacos para poder garantizar la seguridad y no podemos permitir en este caso que un grupo de personas, por la libre y en este caso sí, por primera vez, confrontando al Estado, no solicitando la intervención del Estado, puedan hacer un desafío.

“Y en este caso ante la flagrancia se les advirtió serían detenidos y puestos a disposición de un juez, que es lo que está aconteciendo”, dijo Castillo en referencia al llamado que hizo Mireles el jueves 26 para seguir con su lucha para “limpiar” Michoacán.

La versión de Mireles y de su defensora Talía Vázquez contrasta con la del comisionado Castillo. Tras su captura, el único dirigente de las autodefensas que no se alineó con el gobierno dijo a una visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a su abogada que al momento de ser detenido en el restaurante “El Pollo Feliz” la única arma que traía consigo era una pierna de pollo.

“Estaba bien armado con una pierna de pollo… no solté la pierna de pollo, esa era la única arma que yo traía”, ironizó el autodefensa.

Castillo Cervantes afirmó que Mireles puede decir “lo que se le ocurra o lo que quiera”, pero deberá probar que no estaba armado. Cuestionó además que un día antes de ser detenido, Mireles dijo que tenía todo para tomar Lázaro Cárdenas y Morelia, y al día siguiente dice que estaba como cualquier ciudadano.

“La defensa debe aportar pruebas que considere convenientes, (Mireles) podrá decir muchas cosas más“, atajó el comisionado.

Castillo también negó tajante que Mireles haya sido maltratado por los elementos de la Policía Federal que lo trasladaron. Según Talía Vázquez, los agentes federales que custodiaban a su cliente estaban “muy divertidos” jugando con el sombrero de Mireles y tomándose selfies a su lado. Además, denunció que estuvo alrededor de 20 horas incomunicado.

“El Policía Federal que lo detuvo le quitó el sombrero negro que todos tenemos como un símbolo, se lo ponía el federal y se tomaba fotos junto a Mireles con la cara tapada y le decían ‘baja la cabeza’, el otro con el sombrero muerto de la risa, todavía cuando llegaron aquí al aeropuerto se siguieron tomando fotos los federales entre ellos, con sus celulares, junto al doctor Mireles, como trofeo”, contó la abogada.

Castillo afirmó que eso “es totalmente falso” y sostuvo que se cuenta con los videos sobre el traslado del dirigente de las autodefensas. Sostuvo que sí tuvo comunicación y prueba de ello es que “la abogada ha hecho manifestaciones que le ha dicho el propio señor Mireles.

“En todo momento, inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos observó las conductas que se dieron dentro de las instalaciones y dijo que no existía violación a los derechos humanos”, subrayó Castillo.

Talía Vázquez sostuvo que Mireles fue consignado hasta las 20:00 horas del domingo, a pesar de que desde las 9:30 de la mañana lo trasladaron al penal número 11 de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, con el argumento de que en Michoacán no hay penales federales.

Informó que solicitará un amparo a las autoridades judiciales por el traslado de su defendido al penal de máxima seguridad de Sonora, entre otras razones porque Mireles requiere que se le suministre insulina tres veces al día, además de que ha padecido tres infartos y debe estar cerca de su familia y con atención médica constante y supervisada.

Más tarde, refirió que el exvocero del Concejo General de Autodefensas “sufrió diversos golpes” y que su glucosa aumentó considerablemente.

En paralelo, el Juzgado Quinto de Distrito de Michoacán confirmó que el exvocero de las autodefensas, junto con sus tres escoltas –Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas–fueron consignados el pasado 29 de junio, ante ese órgano jurisdiccional por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, y contra la salud.

En un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, tiene hasta las 23:40 horas del próximo 2 de julio para definir la situación jurídica de los imputados.

Juez definirá situación de Mireles el próximo 2 de julio

La justicia federal tiene hasta la noche del próximo 2 de julio para definir la situación jurídica de José Manuel Mireles Valverde, acusado por el gobierno federal de delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Antes, el inculpado tendrá que rendir su declaración preparatoria ante el juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, donde el domingo 29 fue consignado por el Ministerio Público federal, junto con otras tres personas.

El principal dirigente de las autodefensas en la entidad –detenido el viernes 27, luego de anunciar que tomarían el puerto de Lázaro Cárdenas y Morelia, la capital– podría hacer su declaración por videoconferencia desde la prisión federal de Hermosillo, Sonora, donde finamente fue recluido.

Los otros tres detenidos, que según la defensa de Mireles Valverde eran sus guardaespaldas, fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit.

El gobierno de Enrique Peña Nieto señala a los cuatro detenidos como probables responsables de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, y contra la salud.

El Juzgado Quinto tiene hasta las 23:40 horas del miércoles 2 de julio para ponerlos en libertad o declararlos formalmente presos.

Aunque la Procuraduría General de la República hizo la consignación sólo por dos delitos, el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, dijo este lunes que Mireles también es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por “importantes” depósitos en su cuenta bancaria.

Castillo, a quien Mireles Valverde ha calificado de “traidor”, aseguró que a los acusados les aseguraron ocho armas largas y seis cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, cuatro bolsas de mariguana, una de cocaína y 30 mil pesos en moneda nacional, encontrados en una camioneta Cherokee modelo 2014, propiedad del dirigente.

La defensa legal de José Manuel Mireles asegura que las armas y las drogas fueron sembradas por los propios aprehensores.

Jara apoya la detención

Al fijar su postura sobre la detención de Mireles Valverde, el gobernador michoacano, Salvador Jara Guerrero, afirmó que “trabajar desde la clandestinidad por la pacificación y la recuperación del territorio michoacano”, en particular en las regiones asoladas por la delincuencia y criminalidad, sólo profundizan la problemática.

Por ello, advirtió que ejercerá la autoridad “sin vacilaciones” para mantener el orden pues las autoridades no están dispuestas a retroceder ante los avances logrados a través de los acuerdos del pasado 14 de abril.

El desarme de los grupos de autodefensa no inscritos en las fuerzas rurales, subrayó, deberá acatarse.

Además, durante su mensaje Jara Guerrero exigió a los actores políticos ajenos a las labores de seguridad y procuración de justicia “no lucrar con estos eventos” y reiteró que el gobierno será por y para los michoacanos, es decir, sin la injerencia de representantes de la federación en la toma de decisiones de su administración.