Denuncian en Chiapas violencia sexual contra niñas y adolescentes en escuelas públicas

MVS.-Defensores de la infancia denuncian actos de “impunidad y complicidad” de autoridades tanto educativas como de procuración de justicia en Chiapas que, “lejos de proteger y garantizar el interés superior de las niñas y adolescentes, defienden y encubren a maestros agresores sexuales de menores, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica no sólo de las agredidas sino de otras niñas, niños y adolescentes”, por lo que hacen un llamado urgente para “prevenir, atender y eliminar cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en las escuelas”.

De enero a mayo de este 2014, defensores de los derechos de niñas, niños y jóvenes en Chiapas, han documentado cinco casos de violencia sexual perpetrados por maestros en contra de al menos 30 niñas y adolescentes en primarias y secundarias públicas ubicadas en los municipios de Arriaga, Palenque, Tila, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Las Margaritas y Chanal, “sin que a la fecha las autoridades educativas ni de los tres niveles de gobierno, hayan dado una respuesta contundente para prevenir y sancionar esta grave situación.” Tras hablar con las víctimas, “Niñas y adolescentes no denuncian por temor a que no se les crea, porque tienen sentimientos de culpa y vergüenza, miedo a las amenazas de los docentes agresores contra su integridad y seguridad, y porque no confían en el sistema de procuración de justicia, lo que las sitúa en una condición de total indefensión.

Con base en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19; el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), en Chiapas se ha dado “una violación a los derechos humanos de las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia, a su integridad, a su sexualidad, así como la discriminación de género y la impunidad al negárseles el acceso a la justicia”.

Tanto a nivel federal como estatal y municipal, es obligado garantizar “la atención y justicia inmediata, el derecho al debido proceso, y la integridad física y psicológica de todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Chiapas”.

Asimismo, demandan “una investigación urgente, pronta e imparcial y se castigue conforme a la ley a quienes resulten responsables de las agresiones, omisiones y complicidades” y se realicen las adecuaciones procesales correspondientes para evitar la revictimización de las niñas y las adolescentes denunciantes.”

Los defensores de la infancia exigen la implementación de un sistema de protección de los derechos de la infancia, a efecto de prevenir la repetición de nuevos casos de violencia sexual, y de un Programa Estatal de prevención y atención de la violencia sexual, en armonía con un Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, cuyo diseño y evaluación incorpore la interlocución con niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, los defensores de la infancia piden a la Secretaría de Educación Pública que “tome las medidas correspondientes para sancionar y destituir, a las y los maestros agresores que aprovechando su posición de poder frente a las niñas, niños y adolescentes ejercen violencia sexual en su contra”.

A decir de agrupaciones como Melel Xojobal, Save the Children Chiapas; Desarrollo Educativo Sueniños; la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); los integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas tales como el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba o el Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), entre otros, expresan que “las autoridades educativas “fomentan la impunidad, desacreditan los testimonios de las víctimas y actúan en complicidad con los agresores encubriéndolos o removiéndolos a otro plantel lo que coloca a más niñas, niños y adolescentes en riesgo”, a pesar de los lineamientos normativos estatales, nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar los derechos de la infancia.

En Chiapas, desde finales del 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre “omisiones y dilaciones por parte de las autoridades educativas ante casos de acoso y abuso sexual en contra de alumnas y alumnos de escuelas de educación básica, especial y media superior. La SEP recibió diversas recomendaciones tales como “la urgente necesidad de que las autoridades educativas implementen medidas rigurosas para evitar que aquellos miembros del personal escolar que ya han estado involucrados en una queja de abuso y/o acoso sexual vuelvan a cometer una ofensa de ese tipo.”

Sin embargo, destacan los defensores de la infancia, “el común denominador sigue siendo la impunidad, pues en ninguno de los casos se ha sancionado administrativa ni penalmente a los responsables; los agresores sólo fueron suspendidos temporalmente o reubicados en otra institución educativa.”

Paradójicamente, concluyen las agrupaciones humanitarias, “tanto el Congreso del Estado de Chiapas como el gobernador Manuel Velasco Suarez, se adhirieron a la iniciativa 10 x la Infancia, impulsada por UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México, comprometiéndose al cumplimiento de 10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y específicamente en relación a la protección de niños y adolescentes contra la violencia en la familia, la escuela y la comunidad.”