Mayor sensibilidad por derechos humanos en Jalisco: Álvarez Cibrián

Notimex. Las instituciones en Jalisco demuestran mayor sensibilidad por los derechos humanos, pero falta efectividad para sancionar y reparar daños, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Explicó que no es fácil que una institución o un funcionario actúe con voluntad política y sensibilidad para aceptar que se cometió algún error y recordó que todo servidor público, sin importar su rango, tiene el deber moral y legal de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Aclaró que en Jalisco no se ha incrementado el número de violaciones de derechos humanos y existe manera de demostrarlo, lo que ha aumentado es el número de quejas y el número de recomendaciones, lo que debe entenderse como un avance en la cultura de la denuncia, dijo, y no como un motivo de preocupación.

Álvarez Cibrián refirió que de 2008 a la fecha se registran alrededor de 10 mil quejas al año, cuando anteriormente solo había tres mil. “Lo que debe preocupar es el grado de aceptación”, indicó.

En este sentido, aseguró que en el caso de Jalisco, todas las Recomendaciones de la CEDHJ son aceptadas de 2011 a la fecha, lo que se traduce en un avance y demuestra voluntad política en la cultura de los derechos humanos.

También indicó que falta avanzar aún más para garantizar el cumplimiento de las resoluciones, la reparación del daño, acciones compensatorias y medidas de inclusión y nivelación en favor de las víctimas de violaciones.

“Dar mayor impulso a la generación de nuevas políticas públicas y cambios de prácticas administrativas en las instituciones”, resaltó el presidente de la CEDHJ, en un comunicado.

Álvarez Cibrián dijo lo anterior al dirigirse a los asistentes al taller de planeación del Subprograma de Derechos Humanos del Programa Sectorial de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado.

En este marco, el ombudsman recordó la obligación que tienen los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Agregó que muchos actos violatorios los comete algún funcionario por ignorancia o desconocimiento, por lo que destacó la importancia de talleres y cursos de capacitación en la materia.

Insistió en que las instituciones y el servidor público también tienen obligación de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, y advirtió que en esta parte hay graves rezagos, por lo que lamentó que no se haya logrado combatir de manera efectiva la tortura, y que tampoco se ha sancionado a los responsables de practicarla.

Destacó que en otras áreas como en educación, existen mejores resultados, y recordó la reciente recomendación contra un profesor de primaria, quien fue puesto a disposición de un juez por presunto abuso infantil, “pero aún con esto quedan casos pendientes y en otras áreas falta contundencia para sancionar”, reiteró.