MVS. La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, Alejandra Barrales, convocó a los diputados federales de izquierda, a cerrar filas y emitir un voto unificado en contra de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, aprobadas la madrugada de este sábado en el ámbito senatorial.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también pidió empujar los cambios que permitan garantizar en los hechos los derechos de las audiencias y los usuarios de telecomunicaciones.
Esto, porque la minuta del Senado no garantiza mejores contenidos ni mejores servicios para las audiencias y usuarios, tampoco fomenta una competencia efectiva en telecomunicaciones ni en radiodifusión, sino que desalienta dicho factor, y afecta las facultades autónomas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Barrales Magdaleno pidió sumar esfuerzos para modificar en los posible la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con el fin de dar verdadera certeza jurídica, y evitar que se pongan en manos del Poder Judicial, elementos que los legisladores pueden corregir.
La legisladora señaló que los diputados del Sol Azteca, del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano (MC), deberían sumar votos y para ello, envió a sus coordinadores un documento de análisis técnico y aspectos que no se incorporaron en las negociaciones en el Senado.
Tras recordar que el Consejo Político Nacional del PRD, conminó a los legisladores a emitir un voto unificado y contra el ordenamiento, la congresista recalcó que las normas para telecomunicaciones son cruciales, pues definirán la dinámica en el sector durante los próximos 20 años.
Por tanto, es indispensable corregir las deficiencias y que los legisladores cumplan su obligación de generar leyes para el beneficio de la ciudadanía y no solo de las empresas.
Insistió en que a su consideración, la minuta emitida por el Senado no garantiza los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y niega a medios sociales y comunitarios la posibilidad de comercializar espacios, lo que los restringe a estar bajo el control de los gobiernos en turno.
“De igual forma es omisa en la regulación de los medios públicos, los cuales no cuentan siquiera con un capítulo en toda la ley en la que se establezcan medidas para su operación y funcionamiento, lo que genera un amplio margen para la discrecionalidad que no garantiza su verdadera independencia”, lamentó.
Asimismo, calificó como preocupante que se haya dado luz verde a elementos que violentan los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, con el bloqueo de señales de telecomunicaciones, el “espionaje” a los usuarios, el acceso irrestricto de la autoridad a las conversaciones y datos privados del ciudadano, con la geolocalización en tiempo real y con el almacenaje de los datos de las personas hasta por 2 años.
Tampoco se contemplaron garantías para preservar la “neutralidad de la red”; en tanto que en materia de preponderancia, en la reforma constitucional se buscó un régimen regulatorio que favorezca la competencia, promueva una mayor oferta de servicios y mejore los precios a los usuarios.
“Por tanto, no tiene cabida la calificación de preponderancia por sector, ya que ésta definición no se apega a la motivación que dio origen al cambio constitucional”, dijo.
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