MVS. Se multiplican los procesos de despojo de los bienes naturales en comunidades indígenas y campesinas en México, con proyectos extractivistas, de telecomunicaciones y megaproyectos como presas y acueductos; “con estos procesos, también ha llegado la amenaza de extinción de los pueblos y los territorios, los primeros por el riesgo de quedarse sin medios de subsistencia y los segundos por la devastación de la naturaleza”, destacó Pablo Reyna Estévez, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, al recibir a miembros del pueblo Yaqui que denunciaron el despojo de agua del Río Yaqui que por siglos a les ha pertenecido y que ahora es extraída a través del Acueducto Independencia para abastecer a Hermosillo, Sonora. Junto con la comisión Yaqui llegaron a la ibero la doctora Raquel Padilla, del INAH-Sonora, y Edmundo del Pozo, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Juan Domingo Molina Valencia, de la Tribu Yaqui, señaló que “defender el derecho a cuidar el agua, esa es la demanda y al mismo tiempo el horizonte que la tribu yaqui se plantea, defender el río no porque sea agua que corre, sino porque esa agua lleva consigo la vida, la cultura y la razón de ser de los yaquis. Defender el futuro, de eso se trata la lucha que hemos emprendido en los últimos años contra el acueducto Independencia, proyecto que el actual gobernador Guillermo Padrés ha promovido como un proyecto hídrico necesario para aliviar los problemas de falta de agua del estado”.
Edmundo del Pozo, miembro de la Misión Civil de Observación sobre la consulta a la comunidad Yaqui, demandó que “cesen los actos de represión y hostigamiento contra los voceros y que se suspenda la operación del acueducto para que la consulta -sobre la pertinencia del Acueducto Independencia y ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- pueda llevarse a cabo”.
“Esta consulta es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano pueda, aunque sea de manera mínima, resarcir los agravios contra los indígenas, esta consulta repercutirá en otros procesos de resistencia contra el despojo”, concluyó Del Pozo; por su parte, Raquel Padilla, investigadora del INAH-Sonora, reclamó que “desde hace más de un siglo, el Estado mexicano ha emprendido una guerra de exterminio que ha costado muchas vidas y que ha llevado a la tribu Yaqui a defenderse y a construir su resistencia… no podemos permitir que los yaquis sean exterminados; y privarlos del derecho al agua significa la paulatina muerte de la tribu”.
Mario Luna, vocero del pueblo Yaqui finalmente señaló que la comunidad “han pagado una cuota muy alta por el derecho a existir y en honor a esa lucha vamos a seguir resistiendo porque en esa tierra nacimos, ahí vivimos y ahí nos vamos a morir”, dijo ante los estudiantes de la Iberoamericana al explicar que, desde su inicio, la obra del acueducto ha sido impugnada porque “viola los derechos humanos y culturales de la tribu y es una obra para beneficiar a los ranchos de los ricos de la zona, hemos visto cómo del tubo principal del acueducto se desprenden otros tubos en su camino a Hermosillo”, por lo que “no es verdad que el agua sea destinada para consumo humano”.
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