Las cifras de desaparecidos siguen creciendo en México, alerta AI

MVS. En el marco del Día Internacional de las Victimas de desaparición forzada, el gobierno no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en México. Por el contrario, prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis.

El 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22, 322; “una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22, 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8,000 personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas.

A pesar de anunciar que es una prioridad para el gobierno federal detener las desapariciones, las cifras siguen creciendo, señala Amnistía Internacional. “Resulta preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, -es decir cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y que se le niega información sobre el paradero de la víctima-… a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, no hay casi procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.”

Para el organismo humanitario es importante el Plan Nacional de Búsqueda sistematizado, la implementación de un software para localizar a personas con vida, así como la recopilación de información forense para personas fallecidas sin identificar, la instalación de una Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país; pero, ni los casos de víctimas, ni sus familiares han sido mejor atendidos, ni hay evidencia de que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, sea funcionarios públicos o delincuentes, concluye Amnistía Internacional.