Pide senadora del PRI acciones contra hostigamiento y acoso sexual

Notimex. La senadora del PRI, Verónica Martínez, urgió a que se establezcan acciones a nivel federal para detectar, atender y sancionar a funcionarios que incurran en actos de hostigamiento y acoso sexual contra sus empleadas.

Luego de que la Comisión Permanente del Congreso exhortó a las dependencias federales a aplicar el protocolo de Intervención en casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, la legisladora priista reconoció que este grave problema persiste.

En un comunicado, resaltó el apoyo que recibió de los legisladores del PRI, Armando Naeyra, Ernesto Gándara e Isaías González, así como de Nueva Alianza, Mónica Arriola, la propuesta que presentó para hacer este llamado al Gobierno Federal.

También es necesario que se difundan campañas de prevención, atención y sanción al hostigamiento, además de difundir los procedimientos para la denuncia, consideró la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Martínez Espinoza también exhortó a la Secretaría de la Función Pública a que se establezcan planes de acción específicos en las dependencias federales con indicadores medibles que prevengan esa práctica.

El hostigamiento sexual en el ámbito laboral es un fenómeno frecuente e invisible que sufren las mujeres, porque no hay mecanismos para denunciarlo y los acusadores suelen quedar impunes, advirtió la senadora por Jalisco.

Dicho protocolo existe desde 2009, pero en los hechos no se aplica, por el contrario, dijo, ocurren casos como el de Ruth Sarmiento, funcionaria del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia, quien fue separada de su cargo por acusar a un funcionario.

Refirió que de acuerdo con una encuesta levantada en 2008 en 258 dependencias federales, se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual, de los cuales se desprendieron sólo siete mil 796 denuncias.

Ello se debe a que el acosador por lo general tiene poder sobre la víctima y por ello no se levantan las denuncias, de ahí la necesidad de darle plena vigencia a un mecanismo más eficiente y que no dependa de la decisión del presunto acosador.