Presentan caso trabajadoras sexuales ante TPP

MVS. Al plantear la denuncia que con antelación llamaron de “Incitación al odio hacia las trabajadoras sexuales durante el sexenio de Felipe Calderón”, diversos integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, en la Preaudiencia Violencia de Género y Feminicidio, Distrito Federal, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), denunciaron la “criminalización” de la trabajadora sexual. “La mayor violencia es la institucional,” incluso llamaron al gobierno “el mayor tratante de personas… nosotras que lo vivimos con funcionarios, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, si estamos hablando de una Ley contra la Trata de personas para erradicarla, a los funcionarios públicos no los llaman tratantes cuando nos piden dinero… La realidad es que hay necesidad del trabajo sexual y además -agregaron- no vamos a ser las únicas, porque no se ha atacado el problema de raíz, las policías públicas que arrojan a la gente al hambre y a la necesidad”, dijeron.

Queremos que el Estado saque las manos del control sanitario y de las zonas de tolerancia y que respete los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Una es la normatividad que les rige y otra “la práctica”, dijeron al precisar que en Brigada Callejera “conocemos como se maneja el Estado, con tal de validar un operativo, detienen a gente que no es la responsable de los delitos. Tenemos documentado como a compañeras que han estado en operativos son amenazadas con llevarlas al Reclusorio si no señalan a sus compañeras; esto es anticonstitucional porque se realiza bajo presión, bajo amenaza, bajo secuestro, ¿de qué sirven las leyes de justicia cívica, códigos penales si no funcionan en la práctica?”, se quejaron.

La Brigada Callejera destacó que en las arbitrariedades, extorsiones y abusos contra trabajadoras sexuales, no sólo es responsable el expresidente Felipe Calderón sino también otras autoridades, desde la Procuraduría General de la República (PGR), o los jueces familiares, que han operado juicios en los que acusa a trabajadoras sexuales de delincuencia organizada por sólo haber vendido o distribuido cordones en lugares donde se ejerce la prostitución, o por quitarles la patria potestad a trabajadoras sexuales en varios estados de la República. Asimismo, responsabilizaron a las policías estatales o municipales y a los servicios médicos y jurisdicciones sanitarias porque ejercen un control sanitario recaudatorio, o acusaciones de faltas a la moral y las buenas costumbres”.

Los integrantes de Brigada Callejera dijeron que irán trabajando la formación de un sindicato, ahora que el GDF los reconoce como “una clase trabajadora no asalariada.” Lo cierto es que dicen que no funcionan las opciones de estudio, trabajo y vivienda, sólo se nos recordó “que existía el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el Instituto Nacional de Vivienda y el Seguro Popular. Pero, agregaron la propia ley “tiene más de 50 errores y tipos penales mal hechos sin curia jurídica”, por lo que Brigada Callejera interpuso un acción de inconstitucionalidad, sobre todo en los artículos 19, 40 y 106 por violaciones al derecho al trabajo, al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y a la difusión de publicidad sobre servicios sexuales.

Finalmente, Brigada Callejera rechaza ejercer “la prostitución”, (porque es un término que discrimina; “es una ofensa, no una forma de trabajar) sino dicen que se constituyen como “una clase trabajadora del sexo, al servicio de quien pueda comprar, pagar, alquilar lo que quiera sin afectar a terceros”; así, la credencial que les extiende el Gobierno del Distrito Federal, tuvo más de 40 días para investigarlos, así que las irregularidades sin un problema del Estado, concluyeron.