MVS. La decisión del Ejército Mexicano, de poner a disposición de un juzgado militar a siete soldados y un oficial, que participaron en los sucesos del pasado 30 de junio en la zona de Tlatlaya es “importante”, ya que muestra la voluntad de impedir que prive la impunidad, señaló el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
“Me parece muy importante que el mismo Ejército mexicano, el General Secretario haya tomado la decisión de arraigar a quienes supuestamente pudieran resultar responsables o no, de lo que se denuncia. Con ésto, se marca la voluntad que existe de no permitir la impunidad en ninguno de los casos, en donde se presenten situaciones como éstas”, planteó.
Beltrones Rivera expuso que las autoridades a cargo de las investigaciones, es decir, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hagan su trabajo “Comisión Nacional de Derechos Humanos, hagan su trabajo profundamente, de tal suerte que no encontremos falsos culpables, o que no toleremos cualquier acto que haya violado la ley”.
En cuanto al asesinato del diputado priísta Gabriel Gómez, manifestó que la PGR ha tomado el caso con la seriedad debida y se está integrando un expediente serio y formal, para identificar plenamente los cuerpos localizados en la camioneta del congresista, ya que se siguen haciendo pruebas de ADN.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Silvano Aureoles, pidió esperar que avancen las investigaciones, para no generar confrontaciones y “cuidar” el prestigio de las Fuerzas Armadas, sin que ello signifique que habrá impunidad.
“Hay que esperar el resultado y que tengamos claridad, porque es un tema que puede generar confrontaciones y yo creo que a una de las instituciones más reconocidas y prestigiadas, como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, hay que cuidarla, sin que esto signifique que haya impunidad o que no se respeten los derechos humanos, o se aplique la ley”, enfatizó Aureoles Conejo.
Aclaró que no caben las especulaciones en torno a un asunto en el que los elementos de las Fuerzas Armadas, están realizando tareas de seguridad pública, cuando sus labores fundamentales son distintas.
Enfatizó que los legisladores y la izquierda, siempre advirtieron que era un riesgo asignar al Ejército responsabilidades en materia de seguridad pública.
A su vez, el vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, señaló que la determinación de la Secretaría de la Defensa, es un signo de que hay disposición de esclarecer los hechos y de que pudo haber existido responsabilidad por parte de los elementos militares detenidos.
“Vemos con agrado el que la propia SEDENA haya entregado o puesto a disposición a estos elementos del Ejército; sin embargo, insisto, tenemos que desvincular hasta cierto punto a la propia SEDENA de las propias decisiones del Ejecutivo Federal donde, bueno, hemos visto grandes tropiezos”, agregó.
“Hay ese indicio dado que la propia SEDENA está entregando a estos presuntos responsables; sin embargo, insisto, hay que agotar todas las instancias de cualquier procedimiento y que se cumpla cabalidad, tal como la marca desde luego la propia Constitución y las layes en materia penal y por supuesto militar”, recalcó.
Señaló que el caso apunta a que hubo un exceso por parte de la autoridad, pero es preciso recordar que las Fuerzas Armadas son de las instituciones con mejor calificación y deben contar con el respaldo ciudadano.
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso, señaló que el anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre la detención de elementos que participaron en los hechos, confirma que es urgente crear el grupo de trabajo propuesto en San Lázaro, para vigilar el desarrollo de las indagatorias.
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