Por: Elena Domínguez Serrano.
Tras las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Chalchihuapan, donde se plantea que el gobierno del estado debe iniciar un proceso de responsabilidad contra Facundo Rosas, Secretario de Seguridad Pública y los elementos que participaron en la manifestación del 9 de Julio, Rafael Moreno Valle acepta llevar a cabo las recomendaciones emitidas por Raúl Plascencia.
En un comunicado del gobierno del estado señala que “lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo”, ésto ante la petición de CNDH de pedir una disculpa institucional a los afectados por los hechos.
La mención del ombudsman sobre la carencia de pruebas claras para la detección oportuna de los culpables, indica que el gobernador del estado debe crear una comisión especializada para la resolución del caso pues en las investigaciones emitidas por la PGJ, encabezada por Víctor Carrancá, hubo inconsistencias que obstruyeron llegar al resultado.
Ante ello, el gobierno de Rafael Moreno Valle dijo que “el dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, las cuales ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo. Sin embargo, lo que es claro e irrefutable, es que el hecho mismo obliga al Gobierno del Estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando, la seguridad y la integridad de la ciudadanía”.
El comunicado emitido anuncia además, que el gobierno del estado ya notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos. En consecuencia, fue nombrado José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan”.
En consecuencia Rafael Moreno Valle tendrá que proceder para llevar a cabo las recomendaciones en corto plazo, de no ser así el comisionado de derechos humanos está facultado para poder llamar al gobernador a comparecer.
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