MVS. El caso de las desaparición masiva en el municipio de Allende, Coahuila, ocurrida en el 2011 y denunciada públicamente por el gobernador Rubén Moreira en el 2012 y que dio pie a operativos de búsqueda hasta principios del presente año, no tuvo la misma respuesta en el actuar de las autoridades federales que ni siquiera han abierto una averiguación sobre esto, según la respuesta a una solicitud de información.
La Procuraduría General de la República respondió que “no se cuenta con antecedentes de la información solicitada, no obstante lo anterior se advierte que requiere información que pudiera encontrarse dentro de la competencia de la Fiscalía y Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila”.
La dependencia afirma que la solicitud, en la que además se pidió otro tipo de información relacionada con desapariciones forzadas en la entidad, así como otros temas diferentes, fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delitos Federales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, así como a la Dirección General de Comunicación Social. Cabe mencionar que de acuerdo con las autoridades de Coahuila, se enteró a la PGR del caso una vez que Moreira Valdez asumió la gubernatura en diciembre del 2011, meses después de la desaparición y su muerte, asegurada por parte de las mismas autoridades, que en un inicio se dijo eran de 300 personas pero que hasta la fecha sólo se tiene el registro de 54 denuncias de personas desaparecidas. Incluso el ex fiscal de Coahuila, Jesús Torres Charles dijo en el mes de mayo del presente año que él entregó el expediente del caso a la entonces procuradora Marisela Morales, al tratarse de un caso de delincuencia organizada y por lo cual ya no continuó investigando. Sin embargo, la PGR responde que no hay información sobre el caso en sus archivos y a más de tres de lo ocurrido la dependencia federal no lo tiene tampoco entre sus pendientes, según la respuesta a la solicitud de información.
Cabe destacar que lo que ha trascendido, es que la masacre y desaparición masiva ocurrió por pugnas internas entre integrantes del grupo delictivo de los Zetas, luego que Héctor Moreno y José Luis Garza no habían entregado una importante suma de dinero a la organización. Estos sujetos se encuentran hoy detenidos en Estados Unidos, al igual que Remberto Castro, ex funcionario de la actual administración estatal, y a quienes el gobierno de Coahuila busca extraditar o al menos lograr la declaración sobre el caso de Allende. En torno a los operativos desarrollados por el estado, en febrero fueron localizados restos en varios lugares del norte de Coahuila pero aunque se habían comprometido a dar los resultados el pasado mes de agosto, hasta la fecha no se ha presentado el informe en el que se determine si eran o no restos humanos. En tanto, Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que hace apenas unos meses iniciaron las investigaciones sobre el caso.
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