AFP. Los Guerreros Unidos, el grupo acusado de atacar junto a policías cooptados a los 43 estudiantes desaparecidos en México, es una de las pequeñas asociaciones criminales surgidas del debilitamiento de los grandes cárteles que están sembrando el terror entre la población con secuestros y extorsiones.
“Son básicamente sicarios de entre 16 y 25 años, remanentes de otros grandes cárteles, que mantienen sus armas y conocen el modus operandi” del crimen organizado, dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, pública).
La extorsión y el secuestro son delitos preferentes de este ‘mini’ cartel, que opera en el norte de la región de Guerrero (sur) -donde se encuentra Iguala, la ciudad en la que fueron atacados los estudiantes- en el sur de Morelos (centro) y en parte del estado de México, que rodea la capital.
Los Guerreros Unidos “se dedican principalmente al narcotráfico, particularmente de amapola y marihuana, hacia los Estados Unidos. Esta banda era la principal proveedora de droga para el mercado de Chicago””, destacó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, en un encuentro con prensa extranjera.
Esta organización empezó a cobrar fuerza en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, golpeado por el abatimiento de su líder, Arturo, apodado “El jefe de jefes”, en 2009 y la captura al año siguiente de sus importantes operadores “La Barbie” y “El Indio”.
Tras la detención en mayo de Mario “El Sapo Guapo” Casarrubias, exmiembro de seguridad de los Beltrán Leyva y presunto fundador de Guerreros Unidos, el grupo se quedó sin un jefe claro y su actividad está fragmentada, señaló Rubido.
Sin embargo, el gobierno de Guerrero atribuyó el liderazgo a un criminal del que solo se conoce el apodo de “El Chucky”.
Este cabecilla es quien presuntamente ordenó la captura y asesinato de al menos 17 estudiantes de los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre después de ser baleados por sicarios de Guerreros Unidos y policías de Iguala.
Este poder de infiltración entre autoridades locales es uno de los motivos que el gobierno ve para el avance territorial que ha logrado el cártel, sumado a los golpes que las fuerzas de seguridad han dado a Los Rojos, la organización con la que se disputaban el control de Guerrero.
“Antes era una banda que no nos significaba un mayor problema, una banda muy reducida en territorio”, señaló el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el encuentro con medios.
La vinculación del cártel con las autoridades locales “forma parte de su modus operandi, les sirve para tener protección sin ser molestados”, resume Manaut.
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