Llama CMDPDH a que finalicen abusos de derechos humanos en México

MVS.- El incidente de Iguala, Guerrero, podría constituirse como “un crimen de lesa humanidad”, ante el registro del asesinato de seis personas, un número indeterminado de detenciones arbitrarias, y la desaparición de 43 normalistas rurales de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; incluso, los sucesos del los pasados 26 y 27 de septiembre , “por la gravedad y el número de víctimas… dentro de un plan generalizado en contra de la población civil”, no solo podrían ser calificados como un “crimen de lesa humanidad, sino también, de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)”, alertó el Dr. José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

El Dr. Guevara recordó que la CMDPDH “ha hecho llegar dos comunicaciones a la CPI, alegando que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad tanto por autoridades, como por grupos del crimen organizado.” Una comunicación fue enviada en octubre del 2012, con informaciones sobre tortura, desaparición y ejecución cometidas en México desde diciembre del 2006 a octubre del 2012, para que la CPI “pusiera los ojos en México e hiciera un examen preliminar sobre los crímenes que se estaban cometiendo en ese contexto.” En septiembre de este año ha sido enviada la segunda investigación sobre tortura cometida en Baja California, dentro del operativo conjunto Tijuana, con 95 casos de víctimas de tortura, sometidas por policías municipales, estatales y federales en cuarteles militares, a quienes se les arraigó e intentó acusar de crimen organizado, pero finalmente fueron declaradas inocentes.

En las próximas semanas se espera un pronunciamiento sobre la posibilidad de que la fiscalía de la CPI “haga publica la apertura de un examen provisional en México y solicite información al gobierno de la República” sobre los procesos en curso y las sentencias logradas en materia de tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales en el país, explicó el Dr. Guevara.

En el caso de las investigaciones por los hechos de Iguala, el Titular de la CMDPDH consideró que “para garantizar mas credibilidad para las victimas, toda la investigación se tendría que hacer por la PGR; las autoridades guerrerenses deberían ceder la investigación a la autoridad federal y la PGR asumirla.”

En el marco del foro “Experiencias comparadas en la investigación y sanción de violaciones graves a Derechos Humanos”, el Dr. Guevara apostó porque el gobierno federal tome la decisión política de decir “hasta aquí llegamos con los abusos.” También, tiene que haber inversión de recursos en las procuradurías para que hagan investigaciones serias, e independientes y el poder judicial tiene que estar preparado para tratar temas que no están acostumbrados a procesar como la tortura, la desaparición forzada o el que los servidores públicos priven de la vida a ciudadanos con el pretexto de ejercer sus funciones.”

“El actual gobierno tiene la oportunidad de oro para decir ¡hasta aquí llegaron los abusos! para que se investiguen todos los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones forzadas, desde la época de la guerra sucia hasta el caso Tlatlaya”, exhortó el experto.

“Lo que no es aceptable es decir que en un Estado de derecho, donde no hay suspensión de garantías, esté el ejército en las calles y se pueda justificar la muerte de civiles bajo la lógica de un enfrentamiento.” Seguimos en una política de seguridad en donde predomina el uso de la fuerza, la tortura es tolerada, se sigue cometiendo la desaparición de personas y la privación de la vida del enemigo en turno, es justificada por el poder político. El problema es que no se ha decidido que México quiere hacer frente a las violaciones de derechos humanos a través del sistema de justicia,” lamento el Dr. Guevara.

“Nuestra esperanza es que el caso Tlatlaya se transparente, que se de información constante y se califiquen los hechos técnicamente de la manera correcta,” pues, hoy en día, “no existe una ley sobre el uso de la fuerza que justifique que las fuerzas armadas puedan disparar contra civiles. No se puede hablar de enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del ejército en tiempos de paz, no se trata a de un incidente aislado sino de varios incidentes acumulados en 8 años de políticas contra el narcotráfico.” Tlatlaya podría ser “el caso pionero con el que la PGR le demuestre al país que si puede actuar, así se trate de servidores públicos federales, y procese a los responsables,” concluyó.