Por: Alejandro Muñoz.
Líderes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) exigieron este domingo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acelerar el juicio político contra Rafael Moreno Valle, luego de que la madrugada del sábado 18 de octubre un comando de elementos policiacos perpetraran nuevamente en Chalchihuapan para detener a cinco pobladores, quien de acuerdo con el gobierno estatal fueron responsables de la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo.
“Repudiamos el acto de terror que elementos policiacos perpetraron la madrugada del sábado 18 de octubre nuevamente en Chalchihuapan durante los arrestos de vecinos y exigimos a la CNDH que aclare el tema de “las detenciones”, pues dentro de las 11 recomendaciones que emitió a Moreno Valle, en ninguna de estas se responsabiliza a los pobladores de la trifulca y la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo”, expresaron.
Ante este escenario desmintieron el comunicado que emitió el gobierno estatal donde justificó la detención de los pobladores al señalar que respondía a un mandato emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según la recomendación número 2VG/2014, por el expediente donde se confirmó la grave violación a los derechos humanos de parte del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle en los hechos registrados el pasado 9 de julio de 2014 en Ocoyucan, Puebla.
Los detenidos son Florentino Tamayo Ponce, de 39 años de edad; Raúl Contreras Montes, de 36 años de edad; Fausto Montes García, de 29 años de edad; Vicente Juárez Valera, de 57 años de edad; y Álvaro García Xelhua, de 32 años de edad. Ninguna de estas personas participó en la manifestación de ese día ni en el enfrentamiento con los uniformados.
“El supuesto delito que cometieron los detenidos fue haber participado en la protesta del pasado 9 de julio, que dejó un saldo de un niño muerto y un centenar de lesionados, según dijo más tarde el gobierno estatal”.
Cabe mencionar que las aprehensiones ocurrieron de manera simultánea a las 3:55 horas del sábado, y el operativo estuvo a cargo de policías ministeriales, quienes a patadas abrieron las viviendas, hicieron destrozos y sacaron en calzones a los moradores.
“Denunciamos que en este nuevo operativo fue una violación al Debido Proceso ignorando los estándares legales de las condiciones de detención que comprometieron el derecho a la vida y a la integridad física de los arrestados, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la restricción al acceso de abogados”, concluyeron.
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