MVS. A 28 días de los sucesos de Iguala, “es impostergable una denuncia y condena” del caso de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, sentenció el doctor Enrique Fernández Fassnacht, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al demandar “la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, juicio y castigo a los responsables de las muertes y desapariciones, protección y respeto a los familiares de los desaparecidos” y “la seguridad a las comunidades educativas”.
Ante las demandas recientes de la comunidad estudiantil y académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el doctor Fernández Fassnacht reconoció ante los poco más de 40 rectores o representantes de universidades públicas reunidas en la XLIII Sesión Ordinaria del CUPIA en Mazatlán, Sinaloa, que “es alentador el camino del diálogo que se ha retomado y conducirá, seguramente, a la construcción de soluciones al conflicto”.
“Estamos y estaremos con el Politécnico y con Ayotzinapa, cueste lo que cueste, sin detrimento de nuestra responsabilidad con la educación superior y con México”, enfatizó quien encabeza a 180 universidades públicas y privadas del país, al proponer la organización “lo más pronto posible” de “un congreso nacional sobre la gobernanza en las instituciones de educación superior, que incluya a las escuelas normales”.
Tras insistir que en “las muertes y desapariciones que preocupan a todo el país”, no hay “claridad sobre la actual situación”, el secretario general ejecutivo de la ANUIES advirtió que como agrupación “no nos hemos detenido a reflexionar seriamente sobre la situación de las escuelas normales en México que, desde el año 1973, forman parte de la educación superior de nuestro país. Tengo la impresión, incluso, que al calor de la actual situación, no acabamos de reconocer la contribución de estudiantes y egresados de estas instituciones en la alfabetización de millones de habitantes de las zonas rurales”.
“Los recintos universitarios son sofisticados laboratorios nacionales en permanente transformación… Ya es una tradición que los asuntos universitarios se debatan de manera pública y abierta, lo cual transparenta las fortalezas pero también las debilidades de las estructuras orgánicas de las instituciones. Es responsabilidad de quienes estamos al frente de las mismas, conducirlas hacia su robustecimiento”, apuntó el doctor Fernández Fassnacht, al alertar que “está en nuestras manos, como líderes de las instituciones educativas más importantes con las que cuenta nuestro país, abonar y honrar los legados del movimiento estudiantil de 1968: la exigencia del diálogo como el único mecanismo para fortalecer a la ciudadanía y a nuestra democracia. La educación es un bien público y un derecho humano: sigamos luchando por ella”.
Los poco más de 40 integrantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines presentes en Mazatlán han colocado en su agenda el tema de las jubilaciones y pensiones de las instituciones de educación superior. “De no encontrar alternativas que hagan sustentables a nuestros centros educativos, en los próximos años esteremos viendo severas crisis financieras que pueden paralizarlos y desviarlos de sus funciones sustantivas”, dijo el titular de la ANUIES.
Como representante del gobierno federal en esta sesión con los representantes de las universidades públicas, el C.P. José Francisco Varela del Rivero, director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, estimó que una decena de universidades públicas autónomas estarían bajo ese riesgo, como la de Guerrero o la de Sinaloa –“todas las que tienen edad próxima a jubilación”, agregó—por lo que recordó que “hay un programa vigente –para apoyarlas—y seguimos dando recursos”; se busca que esta estrategia continúe porque “ha alargado los periodos de suficiencia de las instituciones”.
El funcionario federal aclaro que las universidades publicas deberán hacer “una serie de reformas –en sus contratos colectivos—para que no siga creciendo el déficit porque si no irán incrementando los compromisos que las universidades luego no tienen con qué pagar; las instituciones tiene que poner de su parte”, acotó tras observar el riesgo de una posible crisis financiera “para este año o el año que entra” y confió en que, “si el gobierno federal sigue apoyando, todas van a salir adelante, pero tienen que hacer las reformas”.
Los rectores de universidades públicas también analizarán un proyecto de Convenio SEP-Entidades Federativas-IPES para que sea considerado en la asignación de los recursos federales y estatales a las instituciones públicas de educación superior para el ejercicio fiscal 2015, y el financiamiento para la educación superior.
En este marco, el representante del gobierno federal consideró como “razonable” la exigencia de los politécnicos en paro de un presupuesto del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación superior; pero aclaró que “de cumplirse, es más complicado… hace falta mucho, todavía, depende mucho de cómo esté el ingreso porque hay un bajón en el precio del barril del petroleo y eso le pega al presupuesto del gobierno federal, vamos a otorgar los recursos hasta donde podamos”, concluyó.
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