Nuevos casos de ataques a la prensa confirman a México como el más peligroso en AL

SinEmbargo. El periódico Noroeste denunció un nuevo ataque contra uno de sus fotógrafos, Iván Lizárraga, quien fue detenido arbitrariamente por parte de la policía de Mazatlán; con lo que suman más de 50 incidentes de seguridad de 2010 a la fecha. En Silao, Guanajuato, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha decidido hacerse cargo del caso de Karla Silva, la reportera que fue golpeado en las instalaciones del diario El Heraldo.

No por nada, hoy Reporteros Sin Fronteras denunció que México es el país latinoamericano más mortífero para la prensa en los últimos años donde al menos 81 periodistas han perdido la vida entre enero de 2000 y septiembre de este año.

Crímenes que tienen una “relación evidente o probable con su profesión”, dado que en la mayoría sigue sin conocerse su móvil exacto, señaló RSF.

México, en la opinión de la organización, ha destacado también este año por el refuerzo del control gubernamental sobre la información, y por la “ineficacia” de dispositivos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

En tanto la organización internacional Artículo 19, ha documentado del año 2000 a la fecha, el asesinato de 78 periodistas, “por posible relación con su labor informativa” en México. De ese total, 22 fueron asesinados en la administración de Vicente Fox Quezada; 47 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y seis en la actual administración que encabeza Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con RSF,  por debajo de nuestro país, se encuentran Colombia, con 56 muertes; Brasil, con 38, y Honduras, donde el número de asesinatos, según la organización, se disparó tras el golpe de Estado de enero de 2009, y se ha elevado a 27 en el periodo considerado.

Tan sólo en estos cuatro países, sumaron 202 muertes de profesionales de los medios o colaboradores. “Muchos de estos periodistas fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción, las injerencias. Casi todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficaz”, denunció RSF.

Esas cifras son “todavía más preocupantes” por el hecho de que ninguno de esos países está “oficialmente en guerra, aunque en Colombia los paramilitares continúan presentes y en México se emprendió una ofensiva nacional contra el narcotráfico bajo la presidencia de Felipe Calderón”.

RSF detalló que con el inicio de esa ofensiva los periodistas que investigan sobre ese tema han pasado a estar en la línea de mira de autoridades y narcotraficantes.

FOTÓGRAFO DETENIDO

Artículo 19, organismo internacional que protege los derechos humanos y la libertad de expresión, exigió al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Mazatlán garantizar el derecho a la libertad de expresión y evitar más agresiones hacia periodistas de Noroeste.

El caso más reciente es la detención arbitraria por parte de policías municipales del fotógrafo de Noroeste Mazatlán, Iván Lizárraga, el cual fue obligado a borrar su material fotográfico.

Artículo 19 establece que la detención arbitraria de Lizárraga se dio a pesar de que no existe la prohibición al ejercicio de obtener y difundir información que se pretendía con la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General, conocida como “ley mordaza”, que presentó el Gobernador Mario López Malova.

Dicha reforma, menciona, buscaba prohibir el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento Madelictivo, y la restricción en el manejo de información relacionada con seguridad pública o la procuración de justicia. Aspectos que al violentar obligaciones internacionales en materia del derecho humano de libertad de expresión no son válidas.

Las agresiones contra Noroeste han sido recurrentes en los últimos años, precisa el organismo; de 2010 a la fecha han reportado más de 50 incidentes de seguridad.

“En 2014, ARTICLE 19 ha documentado seis agresiones en contra de este diario de circulación estatal, cinco de ellas perpetradas por funcionarios públicos. La más grave se registró el 3 de abril, cuando el Director General de Noroeste, Adrián López, fue atacado a balazos por dos hombres, que luego de robarle su automóvil regresaron para dispararle en una pierna”, señala en un comunicado.

“Las autoridades de Sinaloa han sido omisas en su responsabilidad de investigar y procesar penalmente a los responsables de los ataques a Noroeste y sus colaboradores”.

Por ello, añadió, Artículo 19 reitera su llamado a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para que investiguen la detención arbitraria de Iván Lizárraga, así como el resto de las agresiones cometidas contra el medio en los últimos cuatro años.

“ARTICLE 19 exige al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Mazatlán que implementen acciones que permitan que las agresiones contra los medios y sus periodistas no se repitan”.

INTERVIENE ONU EN CASO DE KARLA SILVA

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ha decidido hacerse cargo del caso de Karla Silva para que “se resuelva pronto y se resuelva bien”.

De acuerdo con una nota informativa publicada por Francisco Javier Mares en el periódico El Heraldo, al interior del organismo internacional hay preocupación por la agresión sufrida por la reportera, dado que no existía registro de agresiones físicas contra periodistas en Guanajuato.

El día de ayer Pilar Santamaría y Etel Morales, de la Unidad de Observación de la Oficina del Alto Comisionado se presentaron la redacción central de El Heraldo de León con la finalidad de informarse respecto a la agresión sufrida por Adriana Palacios y Karla Silva, quien recibió 14 lesiones que hicieron peligrar su vida.

De acuerdo con Zona Franca, hoy las representantes de la ONU acudirán a la ciudad de Silao, donde se reunirán con las víctimas del ataque que presuntamente fue ordenado por el ex director de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero.

Una vez que documente el caso, la Unidad de Observación la información será enviada a Ginebra, Suiza, donde se decidirá si se envía un comunicado al gobierno mexicano.

Cabe destacar que la ONU ha signado convenios con la Suprema Corte de Juisticia, los cuales protegen los derechos humanos en México y podrían colaborar con el avance del caso de Karla.

Las representantes de la ONU pedirán una copia del expediente de juicio oral a través del que se vinculó a proceso a: Joaquín Osvaldo Valero Garnica, Luis Gerardo Hernández Baldenegro y José Samuel Ornelas Martínez, además del ex jefe operativo de la policía de Silao, Jorge Alejandro Fonseca Durán, quienes de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado cumplieron con las órdenes de Aguirre Guerrero, quien continúa prófugo.

Además, Pilar Santamaría y Etel Morales tienen la intención de dialogar con el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Miguel Valadez.

Mientras el organismo internacional llega a Guanajuato para atender la situación, la Procuraduría de Justicia del Estado continúa esperando la declaración del alcalde silaoense, Enrique Benjamín Solis Arzola.