Notimex. En Venezuela existe violencia generalizada contra la mujer y es una situación que va en aumento, denunció hoy Naciones Unidas, tras urgir al gobierno de ese país sudamericano a implementar acciones para acabar con este fenómeno.
“Preocupa profundamente que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada y va en aumento”, enfatizó el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en sus recomendaciones finales sobre la revisión del informe de Venezuela.
Naciones Unidas denunció “la falta de información sobre las formas, la prevalencia y las causas de la violencia contra las mujeres y la ausencia de un sistema de recolección de datos desglosado” al respecto.
El comité también acusó la falta de acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia en todo el territorio del Estado parte, “debido a la insuficiencia de las estructuras y el funcionamiento inadecuado del sistema de justicia”.
“En particular teniendo en cuenta el bajo número de casos procesados, y el hecho de que los tribunales especializados se han establecido en sólo 16 estados”, subrayó.
El CEDAW recomendó al gobierno de Venezuela adoptar los reglamentos y protocolos necesarios, y reconsiderar la definición de feminicidio en la reforma de la Ley para asegurarse de que esté en conformidad con las normas internacionales.
Asimismo, lo urgió a adoptar un Plan de Acción Nacional sobre la Violencia contra la Mujer e incluir medidas específicas para hacer frente a todas las formas de violencia, incluyendo la violencia emergente que las mujeres experimentan en internet.
Este Plan también debe prever una coordinación nacional contra la violencia y el mecanismo de seguimiento, indicadores específicos y un calendario claro, así como las asignaciones presupuestarias suficientes, recomendó.
El comité también llamó al gobierno venezolano a establecer un sistema regular para la recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas.
Así como registrar el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y sentencias impuestas a los autores y las reparaciones concedidas a las víctimas.
Además lo urgió a garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia “en todo el Estado Parte, incluidos los refugiados y migrantes mujeres, mediante el establecimiento de tribunales especializados en violencia contra la mujer en todos los estados, incluso en las zonas rurales y las zonas de frontera”.
El comité instó a las autoridades venezolanas a fortalecer los mecanismos de denuncia en cuanto al género, el fortalecimiento legal los programas de ayuda, perseguir y castigar de manera adecuada a los autores de la violencia contra las mujeres y compensar a las víctimas.
Por otra parte, el Comité recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a crear un entorno propicio para la participación de las mujeres, “en particular, las defensoras de derechos humanos en la vida pública”.
CEDAW “insta al Estado Parte a que garantice su derecho a participar en las manifestaciones, así como su derecho a expresar sus opiniones, de conformidad con las normas internacionales y llevar a cabo todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres y las niñas contra la detención arbitraria y el hostigamiento”.
Respecto a las mujeres que están detenidas en Venezuela, el CEDAW manifestó su preocupación por los informes de que las reclusas son objeto de violencia y que muchos de estos casos no se investigan de manera adecuada y no son procesados.
“En particular los informes de que la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida arbitrariamente y sometidos a violencia sexual durante su detención”, expuso el Comité, tras subrayar que “la investigación iniciada por el Estado Parte aún no ha producido ningún resultado”.
El Comité le invitó a “investigar y enjuiciar todos los casos de detención arbitraria de las mujeres y la violencia contra ellas durante su detención, incluyendo el caso de la jueza Afiuni y compensar a las víctimas”.
Sobre los temas de salud, el Comité emitió recomendaciones para poner fin a las tasas de mortalidad materna que son muy elevadas en ese país sudamericano, así como al gran número de embarazos de adolescentes.
El CEDAW criticó la ley del aborto restrictiva que obliga a las mujeres a recurrir al aborto inseguro, que a menudo daña la salud de la embarazada y en ocasiones da lugar a la muerte.
El Comité de la ONU pidió al Estado venezolano despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y malformación fetal grave y eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a aborto.
De igual forma urgió a “atender las carencias de medicamentos antirretrovirales para las mujeres y las niñas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/Sida)”.
“Y asegurar que todas las embarazadas que viven con VIH/Sida reciban un tratamiento adecuado, así como acelerar la adopción del proyecto de ley sobre el VIH/Sida”, señaló.
El CEDAW urgió al gobierno de Maduro “reconsiderar su retirada de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin de volver a adherirse a ella, ya que la presente Convención y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se refuerzan mutuamente”.
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