MVS. Frente a las medidas anunciadas el día de hoy por el Presidente de la República para hacer frente a la crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción que vive el país, evidenciada por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, los organismos de derechos humanos y de víctimas reclaman una atención “insuficiente” a la “grave problemática de las desapariciones forzadas haya sido insuficiente.”
“Es importante recordar que no es la primera vez que se anuncian planes y acciones de búsqueda. Tal es el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014 por la Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación, con componentes y mecanismos como el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas,” destacan los Centros de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); de la Montaña, Tlachinollan; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Scalabrinianas misión para Migrantes y Refugiados (SMR).
Dicho Plan “no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata. Respecto de este antecedente, lo anunciado hoy no implica novedad ni avance cualitativo alguno,” advierten.
Frente a la magnitud de la crisis de desapariciones señalan las ONG’s, “el mensaje central de hoy debió haber sido el reconocimiento de la magnitud de esta crisis y el anuncio de medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para que garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad. Es importante resaltar que según la cifra oficial presentada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) al 31 de octubre de 2014 establece la alarmante cifra de 23 mil 605 personas “no localizadas” como le llama el gobierno, de las cuales casi 5 mil han ocurrido durante el 2014, la cifra más alta registrada desde 2007.
La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas. En esa medida, cualquier iniciativa debe consultarse ampliamente y la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindará al Estado mexicano dentro del caso Ayotzinapa, aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atiendan este problema en el plano estructural.
Es lamentable, concluyen expertos y defensores, “que hoy que se cumplen dos meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Presidente de la República no haya denunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los estudiantes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, ante quienes suscribió compromisos que hasta el día de hoy permanecen incumplidos.”
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